La corrupción y los delitos en los centros laborales se han hecho crónicos en la sociedad cubana. Prueba de la gravedad y la magnitud alcanzada por estos fenómenos, es la prioridad dada en las reuniones y documentos preparatorios del XVIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que se realizará a fines de abril.

Aunque absolutamente nadie puede justificar la sustracción de objetos de propiedad estatal, ni la comisión de otros delitos en el ámbito laboral, el examen que pretende hacer la oficialista organización obrera adolece de serias limitaciones, por no ir al fondo del problema.

En primer lugar, el salario no alcanza para vivir (al cierre del 2000, el salario promedio mensual era de 249 pesos, equivalentes a 11,31 dólares al cambio actual) y mucho menos para sostener una familia. Esto se empeora por el creciente proceso de dolarización y el consiguiente aplastamiento de la moneda nacional, con la que se remunera la inmensa mayoría de los trabajadores. Ello es tan evidente que, aunque tibiamente, se reconoce en el punto 66 del proyecto de tesis del mencionado congreso.

Los pobres ingresos de los trabajadores ocasionan múltiples complicaciones, como son: la inestabilidad laboral, el poco interés productivo y los fenómenos de corrupción. Esto en una situación de crisis permanente como la persistente en Cuba, degrada a las personas y, hechos delictivos aislados motivos por la necesidad de vivir, con la repetición en el tiempo, se van convirtiendo en una especie de nueva moral que todo lo justifica. Incluso, ha sido un factor determinante en el notable aumento de la población penal y el subsiguiente daño que ello causa a la sociedad y a sus valores espirituales.

A lo anterior se agrega la falta de control en la economía. La mayoría de las empresas y organizaciones presupuestadas carecen de un sistema de registro confiable de los datos contables, lo cual, recurrentemente, ha sido admitido por las máximas autoridades del país sin que hasta el momento esté a la vista una solución.

Por otra parte, si en algunos momentos el discurso oficial respecto a la existencia de una pretendida “propiedad social” tuvo alguna credibilidad, en la actualidad la ha perdido completamente después de tantos años de esperanzas frustradas y de haberse tratado a los trabajadores como meros engranajes productivos, sin voz ni voto en los asuntos de los centros laborales y de toda la nación.

En este contexto de salarios insuficientes para la subsistencia de las familias, un extendido descontrol sobre los recursos y el total descrédito del concepto de propiedad social, no debe extrañar las dimensiones alcanzadas por la corrupción y los delitos.

El propósito de convertir el XVIII Congreso de la oficialista CTC en un foro para debatir la creciente ola delictiva en los centros laborales e implicar a los sindicatos en la lucha contra este mal está condenado al fracaso, por la superficialidad de los análisis, como en tantas otras ocasiones en que se ha abordado esta cuestión.

Si realmente se desea poner término a este malsano clima corruptor que ha convertido a muchas personas honestas en malhechores conduciéndolas a las cárceles por delitos que en otras condiciones nunca hubieran cometido, váyase a las raíces del problema, arraigadas en un sistema económico, político y social que compulsa a los hombres a la deshonestidad.