| In situ |
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| Ginebra, derechos humanos y violencia verbal. |
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| por DIMAS CASTELLANOS, La Habana |
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El pasado 6 de abril, los periodistas del diario Granma Nidia Díaz y Arnaldo Musa publicaron un reporte de la entrevista de prensa que el canciller cubano brindó en La Habana. Estaba relacionada con el último round del prolongado duelo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
Como de costumbre, el Gobierno de los Estados Unidos trabaja intensamente para lograr una condena al Gobierno de Cuba por violaciones de los derechos humanos; mientras, éste intenta demostrar que se trata de una estratagema política dirigida e impuesta por Washington a los países miembros de la Comisión de Ginebra para aislar y asfixiar al pueblo cubano.
El reporte de Granma cita algunos fragmentos de la intervención del ministro que expresan la posición del Gobierno de Cuba al respecto: "... oposición 'clara y enfática' a que el tema de Cuba se discuta en el marco del Grupo de Río; a que la palabra Cuba sea mencionada en cualquier reunión; se opone y se opondrá a cualquier resolución diga lo que diga, así como a cualquier declaración o llamamiento que considere innecesario; a 'un papel en blanco que diga Cuba por arriba'; a que la palabra de Cuba sea nombrada en Ginebra como no sea para reconocer nuestra obra a favor de los derechos humanos".
Esa manifestación de violencia verbal —característica de nuestra cultura política— no afecta la facultad de país alguno de participar en la discusión sobre la evolución de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, pues se fundamenta en el principio de igualdad de los Estados y en el derecho internacional. El canciller cubano, al negar ese derecho a otros, automáticamente margina al Gobierno de Cuba de un ejercicio que acostumbra a ejercer de forma regular respecto a otros Estados. Si esa posición fuera adoptada por la comunidad internacional, estaríamos, ni más ni menos, que en presencia del mayor retroceso sufrido a escala global en la historia de los derechos humanos.
El debate ginebrino sobre la situación de esos derechos en Cuba —cada vez más solapados por la politización— impide el análisis sereno sobre lo que realmente está ocurriendo en la Isla. Mientras los medios de comunicación nacionales se empeñan en demostrar que se trata, simplemente, de una patraña enemiga, los ciudadanos seguimos sin derecho a crear empresas, a salir (del) y entrar (a) el país sin permiso, a constituir y organizarnos en asociaciones independientes del Estado, a decidir la educación que queremos para nuestros hijos o a tener acceso libre a la información.
Mucho más útil sería que las autoridades cubanas, conjuntamente con su pueblo, analizaran el desfase actual de los derechos con relación a las normas establecidas por las Naciones Unidas y tomaran las medidas correspondientes para subsanar su deplorable estado, pues en definitiva la preocupación exterior se corresponde con las preocupaciones ciudadanas, y esto último debe ser lo determinante.
Se impone elaborar, proponer y analizar cuantas iniciativas sean necesarias para salir del callejón sin salida a que nos ha conducido el diferendo entre los dos gobiernos. De acuerdo al maniqueísmo actual, o se condena al Gobierno de Cuba, lo que será presentado por nuestros medios informativos como una patraña imperialista, o no se condena, lo que será presentado entonces por esos mismos medios como una victoria de la revolución cubana. En ambos casos, lo principal queda fuera de juego. En ese sentido cabe la pregunta: ¿Y de nuestros derechos qué?
El análisis in situ del tema Derechos Humanos sería más efectivo que todas las sanciones, epítetos, amenazas y ofensas que se emplean contra otros gobiernos, pues sería nuestra sociedad la que se encargaría, haciendo uso de su soberanía, de desmentir las "falsas acusaciones" de sus "enemigos". Sería una fórmula sencilla, viable y eficaz de demostrar fehacientemente que en Cuba se respetan, no sólo los derechos que según el Gobierno "defendemos", sino derechos universales e indivisibles. Esa sabia y justa decisión contaría tanto con el apoyo de todos los cubanos —deseosos de respirar aires de libertad— como de la comunidad internacional.
Antes de pedir la democratización de las relaciones internacionales, de la Naciones Unidas, y de calificar de "servilismo virtual" y de "posición coherentemente genuflexa" a otros gobiernos, la ética política indica que el Gobierno debe primero ejercer el respeto irrestricto a los derechos de sus ciudadanos. La adhesión a los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaborados por la comunidad internacional y que esperan por nuestra firma desde hace más de un cuarto de siglo, sería un significativo aporte al ejercicio de los derechos humanos en Cuba.
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