| ¿Terrorismo versus terrorismo? |
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| Los juicios sumarios propuestos por Bush... ¿una derrota para la democracia mundial? |
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| por MANUEL DíAZ MARTíNEZ |
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En un artículo reciente, Mario Vargas Llosa apuntó que sería un triunfo de los terroristas que, para perseguirlos, las democracias practicasen el terrorismo. Tiene razón el novelista peruano: si esto sucediese, las democracias estarían consagrando, de rebote, en un acto de rendición moral y mortal, la validez del terrorismo como método de acción política.
¿Resulta inadecuada o insuficiente la legislación penal democrática para proteger a la sociedad de los embates del terrorismo? Una respuesta afirmativa a esta pregunta parece desprenderse de la proposición o adopción, después del 11 de septiembre, en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, de medidas excepcionales que derogan, por el momento, normas jurídicas básicas del Estado de derecho.
De tales medidas, la más extrema y peligrosa —podría calificarse, además, de macabra— es la última que ha propuesto el presidente George W. Bush. Haciendo saltar las alarmas del Congreso y el Senado, el mandatario estadounidense ha aconsejado la creación de tribunales militares capacitados para dictar penas de muerte inapelables, en juicios sumarios y secretos, contra acusados de complicidad con la banda del terrorista saudí Osama Bin Laden.
Es cierto que Estados Unidos ha sido brutalmente agredido y continúa amenazado por fuerzas homicidas ocultas, bien organizadas y con recursos, capaces de hacer mucho daño, en primer lugar a la población civil —como se ha visto en los atentados de septiembre y en la guerra bacteriológica desatada a través del correo—, pero también es cierto que los tribunales militares recomendados por Bush, además de innecesarios, socavarían los cimientos éticos y jurídicos en que descansa el sistema democrático, la principal conquista de nuestra cultura y constituirían, por lo mismo, una victoria del oscurantismo integrista.
Abreviar trámites, agilizar actuaciones, incluso suprimir o limitar determinadas normas de procedimiento legal que de alguna manera puedan entorpecer, circunstancialmente, la operatividad de las fuerzas estatales encargadas de luchar contra las organizaciones terroristas, es comprensible —y aceptable en la medida en que tales medidas no constituyan riesgos graves, presentes o futuros, para el desenvolvimiento de la legalidad democrática—; pero establecer una corte marcial, como la que pretende el presidente Bush, con poder para imponer esa aberración jurídica que es la pena de muerte, e imponerla en procesos apresurados, que necesariamente carecerán de transparencia, puesto que se harán a puertas cerradas y no podrán ser revisados por otros tribunales al no admitir ser apelados, es implantar el terrorismo de Estado para combatir el otro terrorismo.
Sería imperdonable y profundamente decepcionante que, a estas alturas de la historia, una pandilla de fanáticos azuzados, dirigidos y financiados por un megalómano con ganas de convertirse en el Mahoma de nuestros días, condujeran al país más desarrollado del sistema democrático mundial a adoptar medidas propias de las más cutres dictaduras cuartelarias.
Por cierto, esta pretensión de Bush ha sacado a flote, otra vez, la hipocresía de los antinorteamericanos de oficio, quienes no han ahorrado críticas al mandatario estadounidense por querer implantar, en Estados Unidos, tribunales como, por ejemplo, los que funcionan, desde hace más de cuarenta años, en la Cuba de Castro, esa Cuba del paredón de fusilamiento, del arresto arbitrario sine die y de los juicios sumarísimos a puertas cerradas (como los que apadrinaba el Che en la Fortaleza de la Cabaña) a la que los eternos detractores de Estados Unidos siguen haciéndole impúdicas carantoñas.
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