| Azúcar amargo |
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| Para el autor, la 'reconversión' de la industria azucarera no debería responder a una decisión gubernamental inconsulta. |
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| por DIMAS CASTELLANOS, La Habana |
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A pesar de las ventajas de la caña de azúcar como materia prima renovable, de poseer el país condiciones envidiables para su producción, de constituir la industria del dulce el motor de la economía desde la Colonia, de ser el mayor empleador y el principal rubro de exportación, hoy se están cerrando 71 de los 156 ingenios con que cuenta la Isla. Semejante estrategia contradice lo anunciado el pasado año por el titular del ramo, general Ulises Rosales del Toro, cuando pronosticó una recuperación que alcanzaría la cifra de seis millones de toneladas.
Ineficiencia industrial, poca disponibilidad de caña, bajos rendimientos por caballería y un elevado costo de producción por tonelada es la tónica de nuestra producción azucarera desde los años 90: su promedio anual no pudo rebasar los 3,8 millones de toneladas, monto que ya se había alcanzado en la segunda década del pasado siglo. Mientras tanto, los medios oficiales de divulgación, al tiempo que dedican gran parte de sus espacios a informar sobre las desgracias ajenas, hablan con eufemismo de una "nueva arquitectura del azúcar", de "reconversión" o del "redimensionamiento de la industria azucarera".
El cierre de los ingenios tiene una trascendencia para el presente y el futuro de la nación inconcebible sin previa consulta a los supuestos "dueños" del poder, a los trabajadores. Deben responderse, al menos, cuatro interrogantes: ¿El cierre es la única opción o existen otras menos traumáticas? ¿Es posible reducir los costos y aumentar la productividad para competir con los bajos precios del mercado? ¿Por qué otros países azucareros como Brasil, que se ha convertido en el mayor productor y primer exportador mundial del rubro, han continuado elevando su producción? ¿No radica el fracaso en la propiedad estatal absoluta?
El derecho a la propiedad, tendencia humana natural que tiene su origen en el derecho primario de cada hombre sobre su propia persona, se extiende a los bienes apropiables y asume una significación especial respecto a los objetos creados por el empleo de las fuerzas físicas y espirituales, lo que convierte al acto creativo en una significativa fuente de propiedad. Los bienes apropiados y sometidos al dominio exclusivo de individuos o grupos, devienen factor de desarrollo individual y social.
La disyuntiva no radica entre propiedad privada versus propiedad social, sino en la elección de la forma más ventajosa en determinada época, lugar y condiciones. Ello hace de la institución de la propiedad un fundamento del orden social que se justifica por su utilidad general. Por tanto, las formas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio de coadyuvar al verdadero fin: el hombre como ser humano, esto es, se validan por su capacidad para generar intereses. Conservar cualquier forma de propiedad que pierda esa capacidad la convierte, automáticamente, de factor de desarrollo en factor de freno.
La razón fundamental de la crisis azucarera cubana es interna y radica en la propiedad estatal absoluta. Empeñarse en explicar el actual trance manejando únicamente factores exógenos sólo puede ser producto de la ignorancia, la demagogia o el cinismo. El fracaso de la propiedad estatal no es el fracaso de la propiedad en general; por tanto, cualquier intento serio de solución tiene que comenzar por el reconocimiento del problema, el debate con la participación de todos los interesados y la introducción de las transformaciones que sean necesarias. Cuba demanda una estructura económica que garantice la participación de los trabajadores y de los ciudadanos en general en las principales determinaciones de los procesos productivos, que les permita definir, junto a otros agentes, todo lo relacionado con la economía. Sólo así se puede llegar a la plena concepción de la propiedad en bien del hombre.
La revolución de 1959 se planteó el problema. Sin embargo, por circunstancias que le apartaron de su proyecto originario, concluyó concentrando la economía en grandes propiedades estatales, lo que unido a la prohibición de los cubanos para invertir en su propio país contribuyó al suicidio del interés productivo, impidiendo hasta el presente la diversificación de la propiedad, la identificación, el arraigo y la cultura de pertenencia de los ciudadanos.
El cierre de los ingenios no puede ser una decisión gubernamental inconsulta. Sin la posibilidad de poner en contacto directo a la ciudadanía con su derecho a ser propietaria, no habrá salida a la crisis azucarera ni destino común. El pueblo cubano está potencialmente preparado: lo ha demostrado a nivel de profesionalidad y en la eficiencia que exhiben las limitadas áreas particulares que existen al margen de las leyes vigentes.
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