| Ginebra, La Habana y Washington |
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| ¿Cuánto afectan a Castro y cuánto ayudan al pueblo cubano las votaciones sobre derechos humanos en la ONU? |
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| por DIMAS CASTELLANOS |
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Cada año, al aproximarse el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, comienzan los cabildeos, viajes, llamadas telefónicas, acusaciones y contraacusaciones. Haciendo caso omiso de los nuevos tiempos, los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos se aprestan a reiniciar un combate que pertenece al nefasto pasado de la Guerra Fría, y que frena las potencialidades de la sociedad cubana.
El pasado 30 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba acusó al Gobierno norteamericano de gestionar con las cancillerías latinoamericanas la presentación de una resolución sobre los derechos humanos en la Isla. El detonante fue la declaración del vocero de la cancillería argentina al término de una reunión con el Secretario de Estado norteamericano, en la que puso sobre el tapete el compromiso de su Gobierno de trabajar en lo relacionado con ese tema. Según el ministro, Cuba no dejará de luchar con toda energía contra lo que calificó como ejercicio selectivo, desgastado e inútil. Expresó, además, que Argentina es el país menos preparado hoy en el mundo para preocuparse por el tema de los derechos humanos en otra nación, asegurando no creer que la posición expresada por el vocero coincida con la opinión de otras sectores y personalidades de aquel país en lo que se refiere al caso cubano.
Con semejante preámbulo no es difícil predecir lo que ocurrirá en Ginebra. Después de mutuas acusaciones e intensos cabildeos, la resolución será votada por escaso margen a favor o en contra. Seguidamente, los contendientes se declararán vencedores. Uno con la mayor cantidad de votos a su favor, el otro sumando votos en contra y abstenciones. Como resultado, el mundo sabrá una vez más que hay un problema de derechos humanos en la Isla, pero los cubanos, los que sufren la situación, sólo recibirán a través de los medios oficiales de comunicación un boom propagandístico por medio del cual "descubrirán" las "patrañas e injurias fabricadas contra Cuba" y las desgracias y carencias de cada uno de los que votaron en su contra. En la mayor de las Antillas todo continuará igual, pues las resoluciones de Ginebra carecen de obligatoriedad.
Argentina puede ser el mejor o el peor país, el más o el menos preparado, y la opinión del vocero puede o no coincidir con la de otros sectores de la nación sureña, pero ello no tiene relación alguna con la existencia o no de un serio problema de derechos humanos en Cuba.
¿Pueden los cubanos salir y entrar a su país sin permiso del Gobierno? ¿Pueden crear asociaciones civiles independientes del Estado? ¿Pueden expresar sus opiniones libremente sin correr riesgos? ¿Pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Pueden participar como empresarios en la economía de su nación? ¿Pueden disentir del Gobierno o del Partido Comunista y permanecer en su puesto de trabajo? La respuesta es NO. Por tanto, la cuestión no radica en la discusión con Argentina o con cualquier otro país, sino en el debate dentro de la sociedad cubana como vía para una solución al problema. Y eso depende de la voluntad política y la responsabilidad del Gobierno cubano para con su pueblo.
El desconocimiento por una buena parte de la ciudadanía de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el hecho de que el Gobierno cubano no haya firmado los pactos relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales que entraron en vigor desde enero de 1966, explican por qué Cuba está por debajo de las normas de derechos humanos y de democracia que se han ido consolidando en el mundo.
Los derechos humanos deben y tienen que ser una incorporación cultural en cuya conformación gobernantes y gobernados asuman su cuota de responsabilidad, pues en ella radicará el carácter verdaderamente definitorio e irreversible de las transformaciones encaminadas a la construcción de una Cuba deseable, plena de libertad, diversidad y prosperidad. Cuba precisa una acción educativa encaminada a ese fin. Ninguna razón o coyuntura política puede justificar su postergación.
Por otra parte, los conflictos entre Estados desmovilizan los conflictos interiores de los Estados. Basándose en ese axioma —sin excepción en la Historia— el Gobierno cubano ha logrado fundamentar un nacionalismo ideologizado. Por esta importantísima razón, separar la situación de los derechos humanos del diferendo intergubernamental constituye una vía para que su análisis y solución no estén afectados por la confrontación política u otros intereses que nada tienen que ver con algo tan sensible para la vida y desarrollo de cualquier sociedad.
Las iniciativas en este sentido tienen un valor moral y material determinante, y merecen la mayor atención y apoyo de todos los cubanos —pueblo y Gobierno—, así como de las instituciones, gobiernos y sociedades civiles de todo el mundo.
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