AFP/ La sorpresiva expulsión del ex canciller Roberto Robaina del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), tres años después de ser cesado en forma fulminante de su cargo, trajo a la memoria casos similares de dirigentes caídos en desgracia en los últimos 15 años, en un sistema político que no admite desviaciones.

A Robaina se le imputó "deslealtad" con Fidel Castro; relaciones estrechas con empresarios extranjeros de quienes aceptó dádivas; promocionarse como figura política para una era post Castro y revelar información oficial restringida a personalidades de otros países, según acusaciones del Comité Central del PCC.

En 1987 se registraron los dos primeros casos notables de defenestración política: el del presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez, y el presidente de la Junta Central de Planificación, Humberto Pérez.

Domínguez, una figura carismática y ex secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), al igual que Robaina, fue detenido cuando intentaba abandonar el país con su familia, después de apoderarse de fondos públicos.

Fue depuesto por "uso de privilegios y prerrogativas indebidas y utilización de su cargo para gestiones de interés personal", según se dijo inicialmente y después se informó de su arresto y procesamiento por "graves transgresiones de las leyes".

Condenado a 20 años de cárcel inicialmente, su pena fue reducida y está actualmente en libertad, pero en total ostracismo.

Por su parte, Humberto Pérez fue excluido del Comité Central y de su cargo en el gobierno por "concepciones y prácticas erróneas", sin darse mayores explicaciones. Actualmente vive y trabaja en la Isla, también alejado del poder y la política.

El verano de 1989 comenzó con la remoción, expulsión del Partido y encarcelamiento del entonces ministro de Transporte, Diocles Torralba. Se informó oficialmente su arresto y condena a 20 años de cárcel por "malversación" de fondos públicos. Actualmente se encuentra en libertad y reside en la Isla.

Pocos meses después estalló el llamado "Caso Ochoa", en el que varios altos oficiales de las fuerzas armadas y del ministerio del Interior, encabezados por el general Arnaldo Ochoa, miembro del Comité Central y ex combatiente rebelde en la Sierra Maestra, fueron acusados de participar en operaciones de narcotráfico.

Ochoa, el coronel Antonio De la Guardia y otros dos oficiales de menor graduación fueron fusilados; el general Patricio De la Guardia cumple aún su condena de 30 años de prisión, mientras que el resto de los imputados ya cumplió las penas de cárcel a las que fueron condenados y están en libertad en la Isla.

Poco tiempo después, y como repercusión del caso Ochoa, el Ministro del Interior, general José Abrantes, también miembro del Comité Central, fue destituido y enjuiciado por abuso del cargo, negligencia en el servicio y uso indebido de recursos financieros.

Condenado a 20 años de cárcel, Abrantes falleció en prisión a consecuencia de un infarto cardíaco el 21 de enero de 1991.

El caso más reciente de fulminante defenestración política fue el de Carlos Aldana Escalante, considerado en aquel entonces como el tercer hombre en la jerarquía cubana, miembro del selecto Buró Político del PCC y jefe de los departamentos ideológico, cultural y de relaciones exteriores del Comité Central.

Aldana Escalante fue destituido de su cargo y expulsado del Partido Comunista en septiembre de 1992 tras ser acusado de recibir favores personales, regalos y hasta una tarjeta de crédito de un empresario cubano vinculado a una firma estatal de importación de artículos electrodomésticos.

Nunca fue sometido a la justicia penal y trabaja actualmente en una empresa vinculada al sector turístico como un simple empleado.

Ya sea por casos de corrupción, desviaciones ideológicas o actitudes consideradas no éticas por los dirigentes de la Revolución, el mecanismo de la defenestración política sigue vigente en la Isla y le permite al Partido Comunista mantener su férrea disciplina interna e imponer la verticalidad del mando.

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