Jueves, 15 agosto 2002 Año III. Edición 432 IMAGENES PORTADA
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Guantánamo: Juez estadounidense se declara incompetente para juzgar legalidad de detenidos

AFP/ Washington. Una juez de un tribunal de Washington se declaró incompetente ayer para juzgar la legalidad de la detención de 12 kuwaitíes, dos británicos y un australiano, capturados en Afganistán y prisioneros en la base naval de Guantánamo.

Los padres de 12 kuwaitíes, entre ellos Fawzi Khalid Abdullah Fahad al Odeh, de los dos británicos, Shafiq Rasoul y Asif Iqbal, y el padre del australiano David Hicks, presentaron una demanda contra el presidente estadounidense George W. Bush, por considerar que su detención sin acceso a un abogado y sin proceso alguno es ilegal en virtud de la Constitución de Estados Unidos.

"La corte concluye que la base militar de Guantánamo se encuentra fuera de territorio soberano de Estados Unidos", escribió la juez Colleen Kollar-Kotelly, al concluir que el tribunal no es competente territorialmente para juzgar estos casos.

La juez rechazó el argumento de que la base de Guantánamo constituía el equivalente de un puerto de entrada a territorio estadounidense. Incluso, rechazó otro argumento según el cual Washington ejercía una soberanía de facto sobre el territorio.

Agregó sin embargo que esta decisión no prejuzga los derechos que estos prisioneros podrían tener desde el punto de vista del derecho internacional.

El número de prisioneros sospechosos de ser talibanes o miembros de la red terrorista Al-Qaida y capturados en Afganistán es de 534 hombres, de 39 nacionalidades diferentes.

Washington los mantiene en un limbo jurídico, negándoles el estatuto de prisioneros de guerra y por lo tanto las protecciones de costumbre, especialmente jurídicas, que acompañan a este estatuto.

Considerados como "combatientes enemigos" extranjeros, están detenidos fuera del territorio estadounidense, por el único ejercicio de "la autoridad del presidente, del comandante en jefe, en virtud de las leyes y usos de la guerra".

Estos prisioneros no tienen acceso a un abogado y deben contestar frecuentes interrogatorios.

Washington se niega a comunicar sus identidades.


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