Lunes, 02 diciembre 2002 Año III. Edición 506 IMAGENES PORTADA
Sociedad
Extrema sanción

La persistencia de la pena de muerte en la Isla y su repercusión social.
por LEONARDO CALVO CáRDENAS, La Habana Parte 1 / 2
Portada

La reseña del libro El corredor de la muerte, publicada en el diario Juventud rebelde el pasado 18 de octubre, puede llamar la atención sobre otro aspecto de la realidad que comparten Cuba y Estados Unidos, esas dos naciones cuya cercanía geográfica está matizada por insoslayables identidades y recurrentes enfrentamientos. En ambos países persiste la utilización de la pena de muerte como sanción judicial.

El libro en cuestión, escrito por los investigadores cubanos José Buajasán Marrawi y José Luis Méndez Méndez, hace un análisis detallado y profundo del tema y da cuenta de los debates, inquietudes y movimientos que al interior de la sociedad norteamericana provoca el asunto.

A lo largo de casi 200 páginas se exponen numerosos casos que ejemplifican tanto los largos procesos, las dilatadas apelaciones, injusticias, irregularidades y prejuicios que durante muchas décadas han rodeado la aplicación de la pena máxima en los Estados Unidos, como la atención que han prestado al tema prestigiosas instituciones internacionales. El volumen recoge, además, la polémica que gira alrededor de la larga permanencia de los condenados en el llamado corredor de la muerte, muchas veces en infructuosa espera de una decisión —judicial o gubernamental— salvadora. Para unos, ello es muestra de las oportunidades que ofrece el sistema; para otros, constituye una condena adicional.

Detalles y criterios aparte, todo lo que rodea al complejo y delicado tema en los Estados Unidos —como en cualquier sociedad abierta y plural— es público y cuestionable. De hecho, El corredor de la muerte es reflejo de los ineludibles debates, búsquedas y confrontaciones que provoca un fenómeno relacionado con el derecho a la vida.

La intensa lucha desarrollada por la comunidad internacional en las últimas décadas ha promovido la abolición de la pena máxima en un número creciente de naciones. El alcance de ese superobjetivo final pasa por la ampliación de la transparencia judicial y las garantías legales que alejan la posibilidad de decisiones injustas o prejuiciadas, y por el permanente debate sobre el particular a nivel de toda la sociedad.

No deja de llamar la atención el interés de la prensa oficial y de los investigadores cubanos sobre un tema de cuya incidencia en la Isla no se habla una palabra, a pesar de que la pena de muerte se entronizó entre nosotros —con su carga de dolores y complejidades— hace más de 40 años.

La Constitución de 1940 sólo contemplaba la aplicación de la pena de muerte a militares que cometieran el delito de alta traición en circunstancias de guerra. Aún con toda la violencia desatada entre nosotros a finales de la década del 50, un régimen represivo como el de Fulgencio Batista no utilizó la pena capital para enfrentar a sus adversarios; de hecho, ni siquiera se le aplicó a los militares que conspiraron contra la dictadura o que abrazaron la causa revolucionaria.

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