Miércoles, 27 noviembre 2002 Año III. Edición 503 IMAGENES PORTADA
Sociedad
El pueblo ausente

Más de 780.000 electores rechazan el sistema vigente en la Isla a raíz del proceso de elección de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.
por DIMAS CASTELLANOS, La Habana  
Castro
Colegio Electoral de El Vedado. La farsa como postulado

Los resultados del proceso de elección de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, desarrollado en Cuba a fines del pasado mes de octubre, envían un mensaje inequívoco a las autoridades.

Según las cifras publicadas este 4 de noviembre en el oficialista periódico Granma, de 8.352.948 electores registrados, 354.887 decidieron no participar, 222.576 depositaron sus boletas en blanco y 202.870 las anularon, lo que arroja un monto de 780.333 ciudadanos, el 9,34% de los electores registrados. Estos resultados fueron superiores en Ciudad de La Habana, donde los ausentes, las boletas en blanco y las anuladas, sumaron 220.469 electores, el 12,99%.

También llama la atención que de 292.249 nuevos electores registrados en relación con los comicios de 2000, sólo acudieron a votar 84.871 personas, un 29%. Esos datos, a la vez que desmienten el plebiscito celebrado el pasado junio para apoyar el cambio constitucional, demuestran lo poco fiable de las cifras electorales en ausencia de opciones diferentes a las del Gobierno.

En un sistema regido por el monopartidismo, sin sociedad civil independiente, donde las fuerzas políticas alternativas están institucionalmente excluidas, carentes de medios de información y de los más elementales derechos civiles y políticos, el hecho de que casi un 10% de los ciudadanos con derecho a voto tome la decisión de no asistir, depositar las boletas en blanco o anularlas, es una fuerte señal para los que insisten en hablar a nombre del pueblo más unido, más culto, más feliz, más politizado, más democrático y con mayor acceso a la información del mundo, sobre todo si se tiene en cuenta que, en las condiciones de férreo control bajo las que se vive en la Isla, por cada uno de los osados hay otros muchos que piensan lo mismo, pero que aún no se han atrevido a expresarlo.

Entre las múltiples causas está el lógico cansancio producido por un sistema electoral donde los ciudadanos no eligen, sino que seleccionan entre iguales. En definitiva, ningún candidato tiene programa que ofrecer que no sea el del Partido-Gobierno. Se vota, así, por conservar el pasado. De ahí la consigna "¡Mi voto para la Revolución!", pues se sigue nominando por un acontecimiento agotado, que demanda renovación.

Un sucinto recuento nos remonta a la noche del 8 de enero de 1959, cuando en un discurso pronunciado en el Campamento de Columbia se aseguró que se iba a convocar a elecciones en el "más breve plazo de tiempo posible". La "brevedad" demoró 17 años para que, en julio de 1976, se promulgara la primera ley electoral después del triunfo revolucionario. El resultado fue unas elecciones donde los ciudadanos no pueden optar entre diversos candidatos pertenecientes a una pluralidad de partidos, sino por la selección de unos aspirantes que responden, únicamente, al programa del partido gobernante.

Ahora, las elecciones concluidas presentan un cuadro diferente. Si en otros momentos los electores votaban casi unánimemente por esos candidatos, y de alguna manera se podía justificar la inexistencia de otros partidos, hoy, cuando una minoría significativa no apoya el modelo existente, se impone validar legalmente el derecho de esas minorías para que elijan entre candidatos de diferentes alternativas. En definitiva, en el mundo hay infinidad de partidos políticos legalizados que jamás han alcanzado el 10% de los votos.

Los continuos avances a escala internacional en el tema de los derechos humanos marcan cada vez con más fuerza los derechos de las minorías que reclaman un lugar, una representación y una posibilidad de participación. Si una parte de los ciudadanos está inconforme con la situación actual, ¿quién tiene derechos superiores para prohibirles su legalización y participación? Si ello no se reconoce, no se podrá hablar en Cuba del cacareado derecho ciudadano.

Las elecciones recién concluidas son un llamado a la reflexión y a la legalización de los partidos políticos de la oposición; partidos y concertaciones que cuentan con varios proyectos alternativos. Es, además —como decía un colega recientemente—, una señal para los que desde fuera siguen soñando que en Cuba todo es de un solo color. Cada vez está más cerca la posibilidad de que fuerzas diferentes compitan de forma legal por el mejoramiento de la nación.

A la manida expresión de que es el pueblo el que postula, hay que añadir que es también el pueblo el que se ausenta, anula o deposita en blanco sus boletas.

El agotamiento del sistema se expresó en las urnas. Está a la orden del día rectificar la situación actual y permitir, de acuerdo a la ley, la incorporación de las fuerzas políticas alternativas al quehacer de la nación. Nada puede justificar, a partir de estos resultados, que se mantenga el obsoleto modelo vigente.


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