| La gran marcha atrás |
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| Si la fidelidad de la tropa está fuera de toda duda, ¿a qué le teme el Comandante? |
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| por ADOLFO FERNáNDEZ SAíNZ, La Habana |
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Ni los más ingenuos en la oposición interna —probadamente pacífica y civilista— se creyeron nunca que el actual gobierno se tomaba en serio su propia Carta Magna, ni que llegado el momento iba a aceptar cambios fundamentales y mucho menos entregar buenamente el poder en virtud de un proceso legal, de la ley a la ley, basado en las posibilidades que da la Constitución vigente.
Hizo falta apenas un asomo de peligro real para que el régimen hiciera añicos sus propios preceptos constitucionales.
La Constitución de la República de Cuba fue aprobada en 1976 por el 97,7 por ciento de los electores, según cifras oficiales. Fue redactada y propuesta al pueblo por los comunistas, sin participación de ninguna otra fuerza. Y se presentó a referendo popular sin alternativas. Era eso o nada. Muchos en aquella época argumentaban que había que votar por la Constitución porque así Fidel Castro no podría seguir gobernando desde la tribuna. "Por lo menos habrá ciertas garantías", decían. Nada de verdadero Estado de derecho ni de que en una situación de riesgo el Gobierno fuera a respetar su propia ley, pero era algo...
Igualmente, tras el fracaso de la Zafra de los Diez Millones en 1970, con el posterior ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), cabía pensar que la economía nacional tendría que regirse por un sistema de planificación, y que los soviéticos no seguirían subsidiando el desastre del voluntarismo caribeño. También se vio al Primer Congreso del Partido Comunista como un freno a impulsos voluntaristas, porque el Comité Central y el Buró Político, reunidos democráticamente, someterían a voto las decisiones más importantes y no se volvería a repetir lo de marzo de 1968, cuando con la "Ofensiva Revolucionaria" Fidel Castro mandó a intervenir hasta el último "timbiriche" privado.
En otras palabras, la Revolución "entraría por el aro", se domesticaría. Dejaría de ser Revolución para convertirse en República... Pobres ilusos.
En aquellas circunstancias casi idílicas fue aprobada la Constitución. En Cuba no había una oposición. Quedaban personas desafectas, que siempre las ha habido. Quedaban presos políticos en las cárceles, que se iban marchando del país o muriendo poco a poco. Nadie podía pensar que 10.000 cubanos se unirían para proclamarse públicamente contrarios al comunismo.
Para no parecer injusto, para hacerse el liberal, para convencer a sus cándidos amigos extranjeros, el Gobierno dejó un resquicio constitucional: si aparecía el número suficiente de firmas se podía iniciar una reforma del sistema. Ahora puede comprobarse cuánto duró la hoja de parra. Ahora, en respuesta al "atrevimiento" del Sr. Bush de ir a celebrar el centenario de la República de Cuba con el exilio en Miami, y sin mentar para nada al Proyecto Varela, se pretende aprobar una iniciativa legal para hacer constitucionalmente "intocable" el régimen imperante.
Pero para modificar la Ley de Leyes habría que someter el cambio no a una votación simbólica, sino a un referendo con todas las de la ley. Habría entonces, para que fuera democrático, que permitir a la oposición que se pronunciara libremente por los medios de difusión sobre la conveniencia o no de una decisión tan categórica como hacer "intocable" el sistema político y económico. Permitirle que propusiera sus propias alternativas al electorado.
Se ha llevado al pueblo "en marcha combatiente", en movilización masiva, a ratificar una única opción. Pero nadie tiene derecho a perpetuar un régimen, por perfecto que sea, sin posibilidad de cambio. Son los marxistas los que siempre han hablado del cambio dialéctico. Todas las constituciones tienen cláusulas para ulteriores enmiendas.
Tampoco se está en ningún sentido "bajo agresión o amenaza o presión" de potencia extranjera alguna. Con esto sólo se pretende llevar el asunto constitucional cubano al diferendo entre Cuba y los Estados Unidos, para politizarlo.
Incluso si todos los que desfilaron el pasado miércoles estuvieran ciento por ciento de acuerdo con la "intocabilidad" del sistema, quedaría un "resto" que no estaría de acuerdo con el inmovilismo y tendría derecho a buscar un cambio pacífico. Como el Gobierno pretende privar de sus derechos legales a ese "resto", debía retirar la firma de Cuba de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual es signataria desde 1948.
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