Lunes, 18 febrero 2002 Año III. Edición 304 IMAGENES PORTADA
Sociedad
Desalojos

Una práctica que el régimen restablece con particular energía.
por ILEANA GONZáLEZ RODRíGUEZ Parte 1 / 4
Familia
Francisca Carrión (izq.) con su madre y Marisela
Girón, esta última embarazada

En la calle Alday, entre Rosita y Línea del Ferrocarril —reparto Aldabó, municipio de Boyeros, Ciudad de La Habana—, se llevará próximamente a cabo la demolición de 6 inmuebles construidos, en un pequeño terreno, por el propio esfuerzo de quienes ahora dan rienda suelta a su desesperación. Entre ellos ancianos, niños y una embarazada.

Francisca Carrión García, con carné de identidad 62042112776, posee un Convenio de Cesión de Terreno confeccionado en el bufete colectivo de Arroyo Naranjo, en el mes de junio del año 2000, por el abogado Juan Luis Guerra Soto, del Ministerio de Justicia, firmado por los antiguos propietarios y varios testigos. A pesar de tener en su poder este documento legal, ha sido objeto de ciertas visitas por el hecho de haber erigido una casa elemental.

Antes de hacerla había sido multada —por pernoctar en el sitio— con 300 cuotas de un peso, las que aún se encuentra pagando.

Francisca ha presentado varias quejas a diferentes órganos del Gobierno, como el Poder Popular del Municipio Boyeros, Atención a la Ciudadanía del Departamento Técnico de Investigaciones, el Consejo de Estado, etc. Éste último le contestó, en escrito fechado el 20 de marzo de 2001 —bajo firma del jefe del Departamento de Atención a la Población, señor René Montes de Oca Ruiz—, lo siguiente: "El asunto expuesto por usted debe encaminarlo a través de la Dirección de la Vivienda, que es la entidad administrativa encargada de evaluar esa situación, adoptar las medidas que procedan y ofrecerle la respuesta correspondiente".

El 4 de marzo de 2001 se presentó ante Francisca la Policía Nacional Revolucionaria, en la persona de la Jefa de Zona, nombrada Odalys, y junto al segundo presidente del Consejo de Boyeros, señor Juan Lobaina, y la delegada del Poder Popular, Olga Lidia. Le dieron 15 días de plazo para que quitara los bloques que componen su pequeña vivienda. En otras ocasiones también la habían visitado para que, tanto ella como los demás, demolieran por propia voluntad dichos habitáculos.

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