Lunes, 22 julio 2002 Año III. Edición 414 IMAGENES PORTADA
Opinión
La prisión de la unanimidad

Otra mirada a la recién aprobada 'modificación constitucional' y el Proyecto Varela.
por LEONARDO CALVO CáRDENAS, La Habana  
Castro
Castro, seguidores. La uniforme
unanimidad

Una vez más el alto liderazgo de la Isla se aprovecha del pobre cálculo y raciocinio político de algunos de sus más prominentes adversarios internos, de la corta vista de la clase política norteamericana en el poder y de la orfandad cívica e informativa del pueblo cubano, para llevar "agua fresca" al molino de sus intereses.

Una nueva ofensiva propagandística emprendieron las autoridades en el momento en que la profundización de la crisis que padecía el país por más de una década apuntaba a la liquidación de sectores tradicionales e históricos de su economía —con su secuela de desempleo y penurias para amplios sectores de la población—, así como al debilitamiento preocupante de las capacidades de compra y venta, o las relaciones económicas externas. Con el pretexto de dar respuesta contundente y digna a los pronunciamientos hechos por el presidente norteamericano George W. Bush, en ocasión de conmemorarse el pasado 20 de mayo el centenario del nacimiento de la República de Cuba, y que, según criterio oficial, amenazan la independencia e integridad nacional, se ha impuesto una dictadura institucionalizada de las mayorías no democráticamente definidas a través de la cual el régimen se adueña a perpetuidad de los destinos de la nación.

En forma de proyecto de modificación constitucional —que como de costumbre ha sido aprobado por invariable unanimidad— llega la nueva maniobra, sustentada en la vieja práctica de utilizar los diferendos y desencuentros, reales o fabricados, con el eterno enemigo externo, para conjurar cualquier posibilidad de debate o cuestionamiento interno.

Muy oportunamente arribó —una vez más— el mismo discurso, con los mismos argumentos, de un nuevo presidente norteamericano, acto que sólo ha servido para que el Gobierno cubano imponga una enmienda constitucional que refrenda el carácter intocable e irrevocable del sistema político y social vigente. Enmienda que, aunque no aporta mucho a la esencia del amordazante remedo de Carta Magna, sí diluye los tenues resquicios legales para la discrepancia y los estrechos espacios teóricamente existentes, hasta ahora, para la diversidad o la renovación.

Los interminables, machacones y monocordes discursos, las multitudinarias manifestaciones o la impugnación permanente a lo expresado por el mandatario norteamericano (alocución a la que, como siempre, el instruido pueblo cubano no ha tenido acceso directo), no explican ni justifican que los pronunciamientos de un gobernante foráneo motiven tan comprometedora modificación constitucional. Baste la más elemental honestidad y un mínimo de información para reconocer que la conmoción totalizante de días pasados trata de contrarrestar por anulación el impacto que pudo lograr el intento de ejercer la iniciativa legislativa conocido como Proyecto Varela —avalado por más de 10.000 firmas de ciudadanos en un procedimiento previsto en la Constitución vigente— o los planteamientos del ex presidente norteamericano James Carter, quien durante su viaje a Cuba reiteró clara y públicamente la importancia de la diversidad, el pluralismo y los derechos humanos para la estabilidad y la armonía social.

El hecho inédito de que miles de cubanos, de manera abierta y pública, hayan respaldado una iniciativa tendiente al cambio estructural del sistema, no oculta, sin embargo, el deficiente razonamiento político de sus patrocinadores, que pretenden impulsar una transformación apoyándose en mecanismos legales realmente existentes, pero que no están soportados por las garantías que deben hacer viable y posible la promoción de proyectos alternativos. La ausencia de espacios y referencias cívicas que padece la nación propició que el régimen se diera un nuevo baño de multitudes y unanimidad para justificar la pretendida perpetuidad del sistema.

La historia ha demostrado que los respaldos sospechosamente unánimes nunca son criterios de legitimidad de los poderes totales. Tampoco argumento suficiente para privar a un solo individuo de su derecho de autodeterminación. También ha demostrado que la dinámica real de las relaciones sociopolíticas siempre es más rica que los dominios impositivos y voluntaristas de potestades que pueden ser tan grandes como temporales. Si los admiradores del Proyecto Varela perdieron de vista que los derechos fundamentales del hombre no se someten a plebiscito, el régimen pretende olvidar que esos derechos no pueden ser desconocidos o conculcados, ni siquiera en nombre de la más rancia unanimidad.


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