| El Proyecto Varela o las trampas de la fe |
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| Sobre los pro y los contra de una iniciativa a la que el régimen ha dado la callada por respuesta. |
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| por JORGE SALCEDO, Massachusetts |
Parte 1 / 2 |
Resulta significativo el apoyo que ha encontrado el Proyecto Varela a todo lo ancho del espectro ideológico de la oposición al régimen de Fidel Castro. Desde Elizardo Sánchez hasta Jorge Mas Santos, pasando por liberales, democristianos y socialdemócratas, dentro y fuera de Cuba. No menos significativas son las divisiones a que ha dado lugar. Un verdadero cisma en la Fundación Nacional Cubano Americana y una muy diplomática pero marcadamente encontrada toma de posición entre Vladimiro Roca y los restantes firmantes de La patria es de todos, por sólo citar dos casos notables.
Partidarios y detractores del Proyecto Varela no deben olvidar, sin embargo, que éste es sólo un instrumento para lograr un fin común: la democratización de la Isla. Por lo que se impone explorar en qué medida sirve o no a este propósito, sin olvidar que la unidad de los cubanos debe darse sobre la base de esa meta común. Llámesele, si se quiere, la cordialidad de la meta.
Una vez afirmada esta cordialidad, se puede hacer la pregunta: ¿Acerca el Proyecto Varela la democratización de Cuba?
Sí y no. La acerca si convenimos en que no habrá democracia hasta que el pueblo sea capaz de articular iniciativas de cambio y trabajar metódica y sostenidamente por llevarlas a buen término. Tener iniciativas es algo que se le da al cubano, pero el arduo trabajo de organizar la oposición en un esfuerzo común es algo excepcional entre nuestros demócratas. La sistematicidad con que ha sido organizado el Proyecto Varela ejercita en la nación una virtud necesaria para alcanzar la democracia.
La iniciativa también ha conseguido darle mayor visibilidad a la disidencia interna, sobre todo en la Isla. Esta visibilidad, Carter mediante, hace pensar que el Gobierno pudiera interactuar con la oposición interna fuera de su tradicional esquema represivo. Aunque no hay que descartar, por supuesto, un oportuno conflicto de Fidel Castro con los EE UU o los exiliados cubanos, discurso atronador y ola represiva. Es más, hay que evitarlo en la medida en que se pueda. Pero, de no darse este escenario, el régimen podría estar siendo precisado por la disidencia a dar respuestas políticas a iniciativas políticas. Un gran avance, sin dudas. La disidencia estaría comprometiendo al Gobierno en un diálogo político y, de paso, notificando al pueblo sobre su capacidad de convocatoria interna y estatura internacional. Todo ello también acerca la democracia.
Pero el Proyecto Varela crea un precedente funesto. Como se ha dicho varias veces, con él un amplio sector de la disidencia cubana ha legitimado la "Constitución" Socialista. Es suicida pretender que esto no tiene importancia o intentar localizar la fuente del rechazo a tal legitimación en actitudes extremistas del exilio de Miami o en el deseo de emigrar de algunos disidentes, como desafortunadamente han hecho algunos destacados periodistas cubanos. Todo ello es una forma bastante poco democrática de silenciar un verdadero debate sobre el Proyecto. Más honesto sería reconocer esta implicación obvia y averiguar si ella conlleva el riesgo de colocar a la nación en un punto de partida desde el cual le será imposible alcanzar la democracia.
Muy contrariamente a lo que vienen afirmando los impulsores del Proyecto Varela, el Gobierno tiene varias vías legales para rechazar el referéndum y cada una de las cinco propuestas que éste incluye. Legales, claro, si se acepta la premisa de que la "Constitución" de 1976 es la ley suprema y legítima del pueblo cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular no aprueba leyes por referéndum. El referéndum, tal y como lo concibe la "Constitución" Socialista en su artículo 137, es un mecanismo reservado para ratificar una reforma de la Constitución si tal reforma "es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado, o a derechos y deberes consagrados en la Constitución". Ahora bien, en ninguna parte establece esa "Constitución" la necesidad legal de incorporar reformas a petición de 11.020 ciudadanos, ni de 100.000 o un millón. Sólo la voluntad de las dos terceras partes de este cuerpo parlamentario puede decidir tales reformas.
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