| Se declaran inocentes activistas del Movimiento Democracia |
|
 |
| por IVETTE LEYVA MARTíNEZ |
|
Ramón Saúl Sánchez, líder de la organización de exiliados cubanos Movimiento Democracia, y otros dos miembros de ésta, se declararon inocentes de las acusaciones de violar un decreto presidencial al entrar en aguas territoriales de la Isla.
Sánchez, de 47 años, Alberto Pérez, de 58 y Pablo Rodríguez, de 48, enfrentan dos cargos por los que podrían ser condenados a una pena máxima de 10 años de cárcel y multas de hasta 20 000 dólares cada uno, si son encontrados culpables.
Es la primera vez que se produce un encausamiento federal por desacato del decreto 6867, emitido por Bill Clinton en 1996 tras el hundimiento del remolcador Trece de Marzo y del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Las regulaciones asociadas a ese documento prohíben a embarcaciones salir de un área marítima conocida como "Zona de Seguridad del Sur de la Florida" e intentar entrar en las aguas territoriales sin autorización. El presidente George W. Bush ratificó el decreto a inicios de este año.
La fiscalía indicó que los tres encausados entraron en aguas cubanas el pasado 14 de julio, mientras realizaban una flotilla en homenaje a las 38 víctimas del remolcador.
Los activistas, que fueron esposados al comparecer ante un juez en Cayo Hueso —a cuatro horas de Miami por carretera—, declararon su inocencia, y el magistrado los puso en libertad bajo una fianza de 15 000 dólares por cada uno. No se ha fijado fecha para el juicio.
"Es irónico que el Gobierno de Estados Unidos nos esté encausando por luchar pacíficamente contra una tiranía que por 40 años ha sido santuario de terroristas a 90 millas de este país", declaró Sánchez a la prensa.
El líder del Movimiento Democracia indicó que ante la crisis que vive el país por los atentados del 11 de septiembre no realizarán incursiones en aguas cubanas en los próximos meses.
Sánchez no ha negado que entró en aguas de la Isla, pero ha defendido lo que considera "el derecho universalmente reconocido de entrar libremente al país de origen".
Los 14 abogados que defenderán de forma gratuita a los activistas alegan que las autoridades estadounidenses aplican el decreto presidencial de forma selectiva y que durante los últimos cinco años y medio el Servicio de Guardacostas ha dado miles de permisos de entrada a la llamada "Zona de Seguridad" a embarcaciones de pesca y otras.
Los abogados planean solicitar que el proceso judicial se traslade a la ciudad de Miami. Se estima que el costo de la defensa será de medio millón de dólares.
|
