AFP/ Washington. Los prisioneros enviados desde Afganistán hacia la base estadounidense de Guantánamo están desde este viernes en una "tierra de nadie" jurídica: su estatus sigue siendo difuso y Washington no instaló aún los tribunales militares capaces de juzgarlos, señalaron expertos.

Washington habla de "detenidos", término neutro que no prejuzga su suerte.

"Cuando alguien se defiende del terrorismo, se toma su tiempo para hacer las cosas correctamente", declaró Donald Rumsfeld, mientras se iniciaba el delicado traslado de 20 "peligrosos" prisioneros desde Kandahar.

Guantánamo ofrece varias ventajas al Ejecutivo estadounidense. En primer lugar, la de la seguridad, que está prácticamente garantizada. A continuación, la de la cercanía para los investigadores del FBI u otras agencias norteamericanas.

Por lo demás, la base naval de Guantánamo, alquilada en 1903 por la Cuba precastristra sine die a Estados Unidos, "no es suelo nacional estadounidense, como las embajadas, y la Constitución norteamericana no rige allí", afirma Kenneth Andersen, profesor de derecho internacional.

Por tanto, declaró a la AFP este jurista de la American University de Washington, los abogados no podrán invocar los recursos de Habeas Corpus para el buen desarrollo del proceso, ya que ningún tribunal civil federal tiene autoridad sobre Guantánamo.

El estatus de prisionero de guerra se aplica, según el ex embajador estadounidense en crímenes de guerra, David Scheffer, a los combatientes que llevan armas a la vista, señas distintivas y que respeten el derecho de guerra.

Deben declarar entonces y eventualmente ser liberados, pero también pueden ser juzgados por crímenes de guerra.

Sin embargo, un tribunal estadounidense podría considerar que los hombres de Al Qaida no integran esa categoría, que son combatientes ilegales que pertenecen a una organización que viola todas las normas civilizadas y ataca a civiles, como ocurrió en Nueva York y Washington, señala Kenneth Andersen.

En calidad de tales, como los espías, no tendrían derecho más que a una protección jurídica limitada.

Queda la cuestión de los tribunales militares de excepción, cuyo principio adoptó en noviembre el presidente George W. Bush —en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas— para hacer comparecer a los terroristas extranjeros capturados fuera del territorio estadounidense.

El Pentágono no tomó una decisión al respecto. Sus autoridades recuerdan que el ex hombre fuerte de Panamá Manuel Noriega fue atrapado manu militari en 1989 y condenado en Estados Unidos según la legislación estadounidense sobre tráfico de drogas.

El traslado de prisioneros fuera del país donde está el campo de batalla para su juzgamiento no es ilegal, señalan los expertos.

En cualquier caso, una larga incertidumbre espera a los "afganos" en una prisión tropical. "¿En qué se convertirán en cinco o diez años?", "Ningún otro país quiere retenerlos y nadie espera que sean liberados en medio de la naturaleza", señala el profesor Andersen.

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