AFP/ La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (ilegal, pero tolerada) saludó este miércoles "la moratoria en la práctica" que desde el 2000 aplica el Gobierno sobre las condenas a muerte, pero exigió que ésta pase lo antes posible a de jure, de manera que permita la inmediata conmutación de esas penas.

La postergación de esas penas sobre unas 49 personas, según la Comisión, "representa un cambio muy importante y positivo en relación con el macabro historial de miles de ejecuciones llevadas a cabo a lo largo de los primeros 42 años del actual Gobierno", dijo el comunicado de esa organización, firmado por Elizardo Sánchez Santacruz.

Añadió, no obstante, que "casi todas las personas actualmente internadas y expuestas a la pena de muerte en Cuba no disfrutan de las 'Normas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de Presos y Detenidos', aceptadas por la República de Cuba, por lo cual la mayoría de ellas están confinadas bajo condiciones infrahumanas, crueles y degradantes".

La Comisión exhortó al régimen de Fidel Castro a que transite rápidamente de la moratoria en la práctica a la de jure, "como única manera de poner fin a la cruel y cotidiana incertidumbre que sufren alrededor de medio centenar de condenados o expuestos a la pena máxima, así como al hecho inaceptable que permanezcan confinados en las áreas de castigo de las prisiones de mayor severidad donde están internados".

Asimismo, dijo tener noticias de que de los actuales condenados, algunos han cometido actos de automutilación, como cortarse sus manos o, en un caso, vaciarse los ojos, "fenómeno que tiene que ver mucho con la atmósfera de tortura psicológica en que viven y el trato cruel que sufren".

Indicó que sólo alrededor del 5% de los condenados a muerte corresponden a delitos contra la seguridad del Estado de implicación política o político-militar, mientras que el resto está condenado por delitos comunes muy graves como asesinato, robo con violencia o violación.

La Comisión anexó a su comunicado una lista parcial no gubernamental de 49 personas detenidas con sentencias de ejecución, entre las cuales están los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, quienes esperan por una apelación al Tribunal Supremo, luego de ser condenados a muerte por actos de terrorismo.

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