Vuelve a la palestra el asunto de las recientes elecciones estadounidenses y con él el recuerdo de un espectáculo que mantuvo en vilo al mundo durante semanas: el embrollo de las papeletas mal perforadas, de las televisoras imprudentes y hasta del decisivo voto cubanoamericano adjunto al caso de Elián, Clinton, la Reno y los demócratas.

The Miami Herald, su casa matriz Knight Ridder, y USA Today acaban de realizar un recuento de los votos, revisando 64,248 papeletas en 67 condados floridanos. El resultado contradice abiertamente las tesis de aquéllos que impugnan la presidencia de Bush, pero también, y paradójicamente, las de algunos republicanos que, a la hora de la verdad, propugnaron normas restrictivas en el supuesto de que se autorizara –de manera oficial– el conteo. El recuento de estos periódicos estuvo a cargo de la firma de contabilidad BDO Seidman, LLP., la cual halló que la ventaja de 537 votos del presidente hubiera aumentado a 1,665 votos si se hubieran aceptado las reglas de conteo propuestas por los seguidores de Al Gore.

Parece despejado el camino, moralmente hablando, para el ocupante de la Casa Blanca. Y sin embargo, el tema es demasiado trascendente –diría que histórico– para que sea archivado así, sin más, en base a un recuento y determinadas cifras o números.

Cuando se habla de democracia, de Estado de derecho, la referencia máxima sigue siendo, con todos sus defectos e imperfecciones, los Estados Unidos. La nación norteamericana es también un símbolo que suele representar lo más evolucionado de eso que acostumbramos a llamar capitalismo. Los últimos comicios estadounidenses pusieron en entredicho –de un modo particularmente virulento– la credibilidad del sistema electoral del país en cuestión y, por extensión, de la democracia occidental en su conjunto. Pero rectificar es, o debiera ser, de sabios. La comisión de normas y administración del Senado inició, recientemente, dos días de audiencia para analizar una serie de medidas que evitarían la repetición de un fenómeno como el ocurrido en la Florida. Los senadores demócratas Chris Dodd y John Conyers han puesto sobre la mesa un plan de tres mil quinientos millones de dólares para ayudar a los distintos estados de la Unión a establecer normas uniformes en las máquinas de votación de cara a las próximas elecciones. Además, el proyecto de ley intentaría facilitar el acceso al voto de los ciudadanos discapacitados, y permitiría el llamado “voto provisional”, evitando la exclusión de quienes demuestren que se les negó su derecho a participar en los comicios a pesar de encontrarse habilitados. Son los primeros pasos de una iniciativa política dispuesta a enmendar los fallos del sistema electoral más antiguo de Occidente, iniciativa que, en cualquier caso, debiera ser apoyada o seguida hasta las últimas consecuencias: se trata de un sistema permanentemente expuesto a la mirada crítica de casi todo el mundo, y del que depende, directa o indirectamente, la suerte y el prestigio de la democracia moderna. Espectáculos como el ofrecido el pasado invierno por todos, demócratas y republicanos, sólo pueden conducir a su descrédito.