A mediados de este mes de julio, el presidente norteamericano George Bush decidirá si pone en practica las cláusulas de la ley Helms-Burton, habiendo comenzado ya un proceso que señala claramente los rumbos de la predecible decisión presidencial.

El último round de esta pelea –a favor o en contra del embargo– ha sido protagonizado recientemente por la denominada "Fundación para una Política hacia Cuba" (CPF), en defensa del levantamiento del mismo, intentando polarizar las voces que condenan tal política. La CPF, tratando de destacar, retó a la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF) a un debate sobre la política del embargo económico, entendiendo que la Fundación es la organización cubana que más ha cabildeado a favor de mantener el llamado "bloqueo", y que, por tanto, tomaría el polo opuesto en el debate sugerido. La Fundación declinó la invitación, aduciendo objetivos protagónicos de la CPF, que podría beneficiarse del prestigio histórico adquirido por la CANF.

Para los cubanos (exiliados o no) que no vivimos en los Estados Unidos, el debate en torno al embargo va tomando cada vez más distancia de las necesidades reales de la lucha por la libertad de Cuba, y de los legítimos intereses de quienes anhelamos la implantación de la democracia allí. No por obvio, debemos olvidar que el embargo es una política del gobierno norteamericano, y su futuro dependerá de sus intereses inmediatos, no de las opiniones de los cubanos que luchan por el retorno de las libertades a la Isla; ello es una realidad incuestionable. Han existido, durante muchos años, coincidencias entre la política norteamericana de embargo económico y nuestros "deseos" de retorno democrático; esto ha sido expresado repetidamente por sucesivos gobernantes estadounidenses, razones por las que los exilados –hasta inconscientemente– hemos tomado el embargo como una bandera para, a favor o en contra, referirnos a esa política como piedra fundamental de la presión internacional (actualmente sólo norteamericana, porque el resto del mundo no se ha entusiasmado demasiado con ella) que, finalmente, traería la libertad a Cuba.

Los argumentos de la CPF están basados en una defensa del derecho que se tiene a viajar libremente a la Isla (ello para ciudadanos norteamericanos solamente), al tiempo que los cubanos exiliados –que debemos obtener un bochornoso permiso para entrar y salir de nuestro país–, según parece, estamos excluidos de esa "lucha". Está claro, se trata de una política del gobierno de EE.UU y como tal está siendo tratada por la CPF –con toda la fuerza que ese grupo cubanoamericano tiene– como cosa "entre norteamericanos".

La presión política implícita en la demanda de la CPF va dirigida a apoyar, desde su condición de "somos también cubanos", la no aplicación de la ley Helms-Burton, y a identificar al embargo como un fracaso total, creando un estado de opinión que Bush no había advertido hasta ahora en una comunidad que prácticamente lo llevó a la Casa Blanca.

Aquellos que queremos la libertad para Cuba, observamos con tristeza cómo el último país que apoyaba los intentos democráticos a su favor va cediendo paso a una política improvisada, marcada por intereses económicos ajenos a las realidades que sufre nuestro pueblo. Si la decisión es no aprobar las cláusulas de la Helms-Burton, cosa que lógicamente sólo compete decidir al presidente norteamericano, las organizaciones del exilio deberían tener, al menos, el tino de presionar por una política compensatoria, de beneficio a los cubanos de dentro y fuera de la Isla.

Si EE.UU quiere levantar el embargo, debería negociar políticas compensatorias; si por el contrario, quiere continuarlo, haría bien en aplicar la Helms-Burton íntegramente. Cualquier otra solución traicionaría las esperanzas que los exiliados de la Florida depositaron en Bush.