Ahora se esgrime la ilegalidad para arremeter contra individuos que se han agenciado una vivienda, pero ha sido el propio gobierno quien ha promovido la ilegalidad. (Sólo un selectivo grupo de revolucionarios puede legalmente adquirir materiales de construcción). Detrás de esta ofensiva está sólo el deseo de coartar las naturales aspiraciones del individuo a una mejor calidad de vida aplicándola con mayor rigor a los trabajadores por cuenta propia y a los que no simpatizan con el régimen. Los representantes del Estado totalitario siempre intentarán reprimir, y de hecho lo consiguen, toda expresión de éxito individual y de reducir, al mínimo, los ingresos personales de los ciudadanos. Un hombre económicamente solvente es, potencialmente, un hombre libre. El trabajador estatal es, a la vez, esclavo y prisionero y, encima, tiene que ser un buen revolucionario, o por lo menos aparentarlo. Las verdaderas razones de la ofensiva contra la ilegalidad en la vivienda son ideológicas. Y en el país coexiste la paradoja de que la dictadura se mantenga y de que el pueblo sobreviva gracias al mismo engranaje de marginación total de la ley.
La legislación no escrita sobre la confiscación de bienes y viviendas converge también con la arbitrariedad que ostenta el Estado hacia las propiedades de los que emigran y de sus familiares que permanecen en el país. El Estado se arroga el derecho tácito de ocupar las pertenencias de los que parten al exilio, muchas veces en detrimento de los que se quedan. Pero hay un problema todavía más importante para la dictadura que el de la vivienda y el de la ilegalidad: el de la información. El régimen necesita argumentos para lograr el apoyo popular a dichas arbitrariedades. Al pueblo se le informa, a través de los medios de difusión masiva, que se está expropiando a los nuevos "criollitos" del siglo XXI para poner sus bienes al servicio de toda la sociedad.
La dictadura necesita alimentar la envidia y el recelo, como lo ha hecho sistemáticamente, sin permitir a los afectados por las confiscaciones defenderse en un proceso justo. Es impensable que se les permita el acceso a los medios públicos o a una defensa imparcial. No obstante, todavía hay quienes pregonan por el mundo que en Cuba no se violan los derechos humanos. ¡Pobres ignorantes!
