| La puerta sigue cerrada |
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| Venezuela: James Carter negocia una salida y el Tribunal Supremo obstruye la del voto popular. |
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| por YAMILA RODRíGUEZ EDUARTE, Caracas |
Parte 2 / 2 |
La conflictividad en Venezuela ha aumentado tras la suspensión del referéndum consultivo. Ni siquiera las iniciativas de Jimmy Carter para salir de la crisis abren el camino del entendimiento entre las partes. Las dos propuestas presentadas, la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio, han sido tomadas con escepticismo por la oposición, porque dependen mucho de la voluntad política del mandatario.
Carter considera que una enmienda constitucional que recorte el mandato presidencial de seis a cuatro años sería una de las salidas más rápidas y factibles. Pero de acuerdo con las leyes actuales recortar el mandato de Chávez requiere de un engorroso procedimiento, que incluye la recogida de firmas, el apoyo del parlamento y la realización de un referéndum.
De acuerdo con la segunda alternativa "el presidente garantizará su disposición para que el referéndum revocatorio sea realizado no más tarde del día 19 de agosto". Si se requiere se convocará a elecciones no más allá del 19 de septiembre, pudiendo todos ser candidatos, incluido Chávez.
Para avanzar en cualquiera de las dos propuestas la oposición deberá anunciar la finalización del paro y recoger las firmas necesarias para que sean celebrados los referendos, el aprobatorio de la enmienda o el revocatorio del mandato.
Líderes opositores han expuesto sus dudas sobre la voluntad del Gobierno de aceptar una salida electoral. Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia, uno de los impulsores del referéndum consultivo, expresó que en la mesa de negociación con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Cesar Gaviria "se han puesto todas las rutas electorales, absolutamente todas, desde una Constituyente, una enmienda, el referéndum revocatorio y el consultivo, pero el Gobierno ha ido cerrando cada una de esas puertas".
Los sucesos de los últimos días avalan el pesimismo de la oposición. El chavismo, en su afán de ponerle fin al paro, recurre a la violencia de manera cotidiana. El viernes pasado la guardia nacional, armada con ametralladoras, allanó sin orden judicial los almacenes principales de las compañías Coca Cola, Pepsi Cola y Empresas Polar, y requisó lotes de bebidas gaseosas, agua mineral y cerveza. Según el Gobierno, estaban acaparando productos de primera necesidad; otra mentira más, porque los artículos incautados no están incluidos en la cesta básica.
Estos allanamientos causaron gran rechazo entre los venezolanos. No sólo porque se atentó contra la propiedad privada, sino por la extrema violencia con que fueron reprimidos los trabajadores que protestaron la invasión armada. Varias mujeres fueron salvajemente golpeadas. Una de ellas resultó gravemente herida al ser estrellada contra el piso por un guardia, quien luego le arrojó encima una bomba lacrimógena.
El pasado miércoles, Chávez suspendió por cinco días hábiles bancarios el mercado cambiario del país. El paro cívico nacional que comenzó el dos de diciembre pasado y aún no termina ha puesto a prueba la tenacidad de la mayoría de los venezolanos, que reclaman una salida democrática a la crisis. El Gobierno sigue con el juego de las mentiras y la violencia para ganar tiempo y minar la resistencia de la sociedad civil. Hasta ahora no lo ha conseguido.
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