| La puerta sigue cerrada |
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| Venezuela: James Carter negocia una salida y el Tribunal Supremo obstruye la del voto popular. |
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| por YAMILA RODRíGUEZ EDUARTE, Caracas |
Parte 1 / 2 |
Dicho en buen cubano, la palabra de Hugo Chávez no vale un quilo prieto partido por la mitad. La promesa de acatar cualquier enmienda aprobada por el pueblo, que le hiciera al ex presidente norteamericano Jimmy Carter, fue recibida con incredulidad por muchos venezolanos, hastiados de los embustes y promesas incumplidas del líder de la revolución bolivariana.
Razón no le faltaba a los venezolanos. Horas después de que Carter anunciara en Caracas una propuesta que prevé una salida institucional a la grave crisis del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la celebración de un referéndum consultivo previsto para el 2 de febrero próximo. En esta consulta el pueblo debía responder si estaba de acuerdo conque Chávez renunciara de manera inmediata y voluntaria a su cargo.
La sentencia del TSJ, contraria a la voluntad de más de dos millones de ciudadanos que solicitaron el referéndum, no fue una sorpresa. En este país todos saben que el poder judicial está plegado al Gobierno. Muestra de ello son las numerosas demandas por corrupción y crímenes de lesa humanidad interpuestas contra Chávez, a las que los tribunales no han dado curso.
Para la sociedad civil el referéndum consultivo se convirtió en una cuestión de honor. Era la primera vez en la historia de Venezuela que el pueblo, ajustado a la Constitución, solicitaba una consulta sobre "una materia de especial trascendencia", en este caso la renuncia de Hugo Chávez. Aunque el resultado de la consulta no era vinculante para el presidente, no lo obligaba a renunciar, hubiera sido un golpe demoledor para su gestión.
Chávez desde el primer momento dejó claro que no renunciaría aun en el supuesto de que el 90 por ciento de los electores se lo pidiera. Fueron muchos los recursos empleados por el Gobierno para impedir el referéndum consultivo. De plano, fue negada la legalidad de la consulta, con el argumento que contravenía los principios constitucionales. La autenticidad de las firmas presentadas ante el Consejo Nacional electoral (CNE) fue impugnada. Los recursos financieros para la realización de los comicios nunca llegaron y se prohibió el uso de las escuelas como colegios electorales.
La oposición no cejó en su empeño de demostrar en las urnas el rechazo al mandatario. Fue puesto en marcha el Plan Ciudadanía para que las personas y las instituciones interesadas contribuyeran con la realización de la consulta popular, con un costo aproximado de 23 millones de dólares.
El gobernante venezolano, atemorizado por la fuerza de la convocatoria popular, pidió su anulación ante el Tribunal Supremo de Justicia. De antemano sabía cuál sería la sentencia. El referéndum consultivo no perturbaría el sueño del inquilino de Miraflores.
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