| Académicos venezolanos rechazan manifiesto de sus homólogos españoles a favor de la legalidad de Chávez |
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Los autores del texto afirman que, desde el comienzo de su mandato, Chávez ha promovido una política de "abatimiento de las instituciones", que ha incluido ataques contra las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y patronales, la Iglesia, las universidades, etc. Los chavistas "han violado la ley de manera ostensible y recurrente con el fin de imponer también su hegemonía sobre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría) y el Poder Electoral".
Para los académicos, el secuestro de los poderes públicos "es hoy evidente y se ha traducido en la designación de funcionarios públicos, muchos de ellos militares del golpe de estado de 1992, seleccionados por su incondicional lealtad al presidente, antes que por su eficacia, eficiencia y mérito en el desempeño de la función". Esta es la razón que estiman base, por ejemplo, del conflicto con la estatal Petróleos de Venezuela.
El documento denuncia además que el gobierno de Chávez ha convertido a la radiotelevisión pública en "instrumento publicitario" de su proyecto. Son los "abusos mediáticos los que han obligado a los medios privados a asumir una posición política que algunos consideran exagerada y otros imprescindible", añaden.
La declaración hace un recuento de hechos destinado a demostrar el carácter intolerante del chavismo con la disidencia, y acusa a los llamados "círculos bolivarianos", "que la población llama 'círculos del terror'", de ser "brigadas mercenarias entrenadas y armadas por el régimen, conducidas por algunos de sus más conspicuos dirigentes". Entre las acciones llevadas a cabo por estas "brigadas" estarían el "asesinato a mansalva" de 19 manifestantes el 11 de abril de 2002, la "masacre de Altamira" el 6 de diciembre pasado, "que sumó tres muertos" y el asesinato de otras dos personas el 3 de enero.
En cuanto a los ataques de los "círculos violentos" contra los medios de comunicación, los académicos recuerdan la muerte del fotógrafo Jorge Tortoza, el 11 de abril, y afirman: "En más de 200 oportunidades, los periodistas y camarógrafos han sido agredidos con golpes, piedras y perdigones, y algunos han salvado su vida gracias al chaleco blindado que ya forma parte de su equipo".
Agregan a la lista de abusos del gobierno, allanamientos, detenciones ilegales, amenazas a líderes de la oposición, y el secuestro y tortura de la activista Estrella Castellanos. "Por supuesto, el régimen ha obstaculizado sistemáticamente las investigaciones judiciales sobre estos crímenes y ha boicoteado la conformación de una Comisión de la Verdad integrada por personalidades independientes y sujeta a la veeduría internacional".
A pesar de su inmensa popularidad inicial, "Chávez ha fracasado en lo político, lo económico y lo social", opinan los firmantes del texto. "Prometió eliminar la pobreza y no puede exhibir ni un solo logro a favor de los pobres; más bien eliminó los programas sociales sustituyéndolos por dádivas ocasionales a cambio de lealtad política".
Para los autores del documento, el peor de los pecados de Chávez ha sido tal vez "su pedagogía del odio, el resentimiento y la confrontación social", que no comparten la mayoría de los venezolanos "y hasta sus propios simpatizantes".
Los académicos reconocen que Venezuela necesita recuperar la institucionalidad. "Por eso casi dos millones de venezolanos cumplieron trabajosamente con todos los requisitos constitucionales para solicitar un referéndum consultivo sobre la permanencia de Chávez en el poder. Estamos dispuestos a transitar igualmente cualquiera de las vías democráticas establecidas" en la Constitución, aseguran.
Sobre las manifestaciones multitudinarias, los pronunciamientos de diferentes sectores de la vida nacional e incluso la declaración en desobediencia de un grupo de militares "sin armas", también amparados por la Constitución, señalan: "Esto en nada se parece a los golpes de estado de militares armados, como el que sí dio Hugo Chávez en febrero de 1992 contra un gobierno electo democráticamente".
"Quienes hoy abogamos por una solución electoral para la crisis política no somos 'grupos de intereses' ni organizaciones políticas desplazadas del poder (...). Mucho menos 'golpistas', 'saboteadores' o 'fascistas'", calificativos utilizados por Chávez y sus seguidores, afirman los autores del texto. "¿No es absurdo que se llame golpistas a quienes exigimos elecciones, y demócratas a quienes tratan por todos los medios de impedirlas?".
El grupo de 289 académicos venezolanos declara su rechazo al documento suscrito por sus colegas españoles y les invita a "reflexionar con amplitud de conciencia". "No se dejen engañar —les dicen—. Chávez no es más que un autócrata disfrazado con la piel de oveja de la constitucionalidad. Su retórica revolucionaria, con fingidos reclamos de justicia social, encubre en realidad una dictadura torpe y ávida de poder".
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