| La gran mascarada |
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| Impunidad, sobornos, intimidaciones... los mil y un métodos tras la masacre del 11 de abril en Venezuela. |
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| por MIGUEL RIVERO, Lisboa |
Parte 1 / 2 |
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impidió, por lo menos en lo inmediato, que la masacre del 11 de abril quedase oculta bajo las maniobras de soborno e intimidaciones que llevan a cabo el presidente Hugo Chávez y sus seguidores.
El pasado 23 de julio, el TSJ anuló la sentencia emitida por la juez 40 de Control, Norma Sandoval, que permitió que tres pistoleros chavistas debidamente identificados como autores de los hechos saliesen de la cárcel, a pesar de las pruebas existentes de que fueron algunos de los que dispararon contra los manifestantes desarmados que se dirigían hacia el Palacio de Miraflores, aquel 11 de abril.
Poco después de la sentencia del TSJ, uno de los pistoleros, Henry Atencio, fue detenido en su casa. Rafael Cabrices se entregó de manera voluntaria en la sede de la Disip, en Caracas. Sin embargo, el cabecilla del grupo y concejal, Richard Peñalver, tuvo que ser capturado en la población de Río Caribe, en el Estado de Sucre.
Estos hechos pueden llevar a pensar de que se hará justicia, o se tratará de averiguar la verdad acerca de aquel acto criminal. Sin embargo, algunos antecedentes, recogidos a continuación, muestran que no será tarea fácil juzgar a los culpables:
Muhamad Mehri no se lo podía creer cuando uno de los familiares de los venezolanos que murieron tiroteados durante la manifestación del pasado 11 de abril, en Caracas, le dijo que había sido citado al Palacio Presidencial de Miraflores y allí le ofrecieron créditos, cargos públicos y servicios gratuitos de representación legal para que presentaran demandas contra dirigentes de la oposición, quienes supuestamente dieron las órdenes para que francotiradores provocaran la matanza. Aquel día funesto, Mehri perdió a su hijo, Jesús Muhamad Capote.
Francisco Sánchez, uno de los heridos en aquel nefasto episodio, no se lo podía creer cuando supo que la jueza Norma Sandoval, del Tribunal 40 de Control de Caracas, había liberado a tres de los presuntos responsables de las 18 muertes ocurridas el 11 de abril.
Es que ante el Tribunal 40 había sido presentado un vídeo que muestra claramente los momentos en que el concejal chavista Richard Peñalver y otros dirigentes de los denominados círculos bolivarianos, Rafael Cabrices y Henry Atencio, cargaban una y otra vez sus pistolas para disparar desde lo alto del Puente Llaguno contra la multitud, que sólo estaba armada con letreros y consignas para pedir la renuncia del presidente.
A la salida del tribunal, Peñalver declaró que volvería a empuñar las armas, si fuese necesario, "para defender a la revolución".
"A los venezolanos nos cuesta distinguir hoy dónde reside la esencia de una conducta criminal: si en el pistolero que dispara abiertamente en público contra una multitud desarmada, o en aquella persona que basándose en formalismos legales lo devuelve a la calle para que reincida, en la primera oportunidad que se le presente, en su oficio de asesino", comentó el diario El Nacional, de Caracas.
La táctica del presidente venezolano para ocultar la verdad sobre la masacre es utilizar el clásico esquema: garrote y zanahoria.
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