| Una guerra perdida de antemano |
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| La conexión CIA-Vladimiro Montesinos es una de las tantas consecuencias de la política prohibicionista instrumentada por Occidente |
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| por ARMANDO AñEL |
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Según un reciente informe de The Miami Herald, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desembolsó, en la última década, cerca de 10 millones de dólares a favor del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y su unidad antinarcóticos, dependiente de la tristemente célebre Dirección de Inteligencia Nacional (DIN) peruana. El dato resultaría escandaloso si no fuera porque, dentro del contexto de la actual lucha contra el narcotráfico, tales cifras parecen irrisorias. Más que lamentar la actuación de la Agencia y los beneficios que de ella habría obtenido "el hombre de los vídeos", habría que preguntarse hasta qué punto las políticas prohibicionistas –instrumentadas por innumerables instituciones, organismos y, sobre todo, gobiernos– han contribuido a hacer del remedio un daño aún mayor que la propia enfermedad.
Un kilo de cocaína cuesta unos mil dólares en Colombia. En EE.UU, la misma cantidad vale alrededor de cien mil. La ganancia, lógicamente, amortiza los riesgos de un negocio que continúa ramificándose a todo lo largo y ancho de la aldea global: una de las consecuencias más paradójicas de la prohibición es que los precios de la droga se disparan, lo que contribuye a extender todavía más la producción y la distribución. Las utilidades financian a la guerrilla colombiana –y a algunas otras de menor cuantía–, a los paramilitares que la combaten, a funcionarios corruptos convenientemente situados al timón de los países productores pero también, y ojo con esto, de las naciones receptoras.
Miles de personas son ultimadas cada año gracias a la llamada "lucha contra la droga" (léase contra quienes la producen, la comercializan o la adquieren), muchísimas más que las que fallecen por consumo directo. Cientos de miles de familias padecen el encarcelamiento de alguno de sus miembros, la confiscación de bienes o se ven obligadas a pagar tributo al Estado por delitos relacionados con la posesión de estupefacientes. Los centros de reclusión –financiados por el inocente y atribulado ciudadano de a pie– no dan abasto. Curioso que en el seno de Occidente, al abrigo de la sociedad de la información y la democracia representativa, se libre una batalla suicida contra la libertad individual, y ello en pleno tercer milenio: no puede llamársele de otra manera al proceso en que se combate, a trancas y barrancas, el derecho de los ciudadanos a consumir la sustancia que estimen conveniente.
Se trata, cómo no, de una guerra perdida de antemano; instigada y sistematizada por EE.UU, el máximo estratega. Cuando Montesinos, siempre según el informe del Herald, negoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y manejó el apoyo de la CIA para organizar el traslado de unos diez mil fusiles AK-47 desde Jordania al país centroamericano (la guerrilla marxista los esperaba como cosa buena), no estaba sino confirmando lo que ya debiera ser un lugar común: la batalla contra la droga fue uno de los mayores errores políticos de Occidente en el pasado siglo, y parece que todavía lo seguirá siendo durante algún tiempo. Sus víctimas –esto es, la sociedad civil en su conjunto– claman por un alto al fuego.
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