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Proyecto de ley para ayudar a disidencia interna
IVETTE LEYVA MARTíNEZ, Miami  

Un grupo de 86 legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que busca más ayuda para la disidencia interna en Cuba.

El plan, denominado Ley de Asistencia a la Oposición Interna Cubana del 2001, pide ayuda para "las víctimas de la represión castrista", en especial para los disidentes y presos políticos y sus familiares, y pretende "fortalecer las organizaciones independientes no gubernamentales en Cuba".

La iniciativa está en la misma línea de la política de abierto respaldo de Washington al Movimiento Solidaridad de Polonia, en los años 80. Fue promovida por Lincoln Díaz Balart y patrocinada por los también cubano-americanos Ileana Ros-Lethinen y Bob Menéndez, así como los líderes de la mayoría republicana Tom Delay y J.C. Watts, y el también republicano Chris Smith, partidario del encausamiento criminal de Fidel Castro ante los tribunales estadounidenses.

El propio Díaz-Balart la presentó ante el presidente George W. Bush, quien, según dijo, "se mostró muy receptivo respecto al proyecto". Díaz-Balart aseguró que en los próximos días el documento seguirá ganando patrocinadores.

Por su parte, el senador republicano Jesse Helms, copatrocinador de la ley Helms-Burton, presentará una iniciativa parecida el mes próximo. Díaz-Balart considera que entre ambos se podría "establecer una estrategia conjunta".

Si es aprobada, el presidente de Estados Unidos y el departamento de Estado podrían disponer la utilización de fondos y el otorgamiento de licencias para enviar remesas a activistas y organizaciones de la disidencia.

En otro plano, la ley confirmaría las tradicionales acusaciones del régimen castrista para tratar de desvirtuar a la oposición interna, que usa el argumento de que los disidentes son pagados por Estados Unidos.

El martes, la Cámara de Representantes recomendó a la Casa Blanca implantar una política de asistencia a la disidencia cubana. El documento, que no tiene fuerza de ley, fue aprobado por 347 votos a favor y 44 en contra, y también pidió mantener la política de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.


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