La relación que mantiene el régimen de La Habana con los pequeños propietarios serviría para escribir el argumento de un culebrón. El Estado los necesita, pero no los aprueba: cada cierto tiempo les pone las cosas difíciles, les cierra puertas que luego acaba volviendo a abrir.

Taxista por cuenta propia. Sólo nacionales

Los últimos afectados han sido los taxistas por cuenta propia, que hasta ahora, si pagaban al Estado los progresivos impuestos, podían vivir de su negocio sin mayores dificultades. Pero el Gobierno les ha prohibido transportar a turistas extranjeros, con lo cual los priva de su ganancia más sustancial. Los extranjeros deberán viajar en taxis estatales, bastante más caros y menos peculiares que los autos viejos y mil veces reparados de los cuentapropistas. La tarifa para los nacionales no puede ser superior a un dólar por recorrido, y aunque en estos carros suele transportarse a unas seis personas aproximadamente, el negocio era mucho más rentable y floreciente cuando, además de cubanos, viajaban turistas extranjeros que pagaban una tarifa superior.

El reinicio de la pequeña empresa tuvo lugar gracias a la crisis del llamado Período Especial. Quien contaba con un pequeño capital, procuró desenvolverse en alguno de los 157 rubros autorizados para trabajos privados. En 1997, operaban unos 210.000 cuentapropistas, desde carpinteros hasta dueños de "paladares" o cafeterías, desde albañiles hasta peluqueras. Pero, a medida que la crisis amainaba, el Estado comenzó a subir los impuestos, a dictar regulaciones inviables, a realizar "controles oficiales", en fin, a cerrar el camino a la iniciativa privada.

En este sentido, la política del Gobierno está dirigida a preservar intereses muy específicos: ahorrarle la competencia al sector estatal y, sobre todo, contrarrestar la independencia económica –y en cierta medida política– que le garantiza a los pequeños propietarios el trabajo por cuenta propia. Hoy sólo quedan 150.000 personas autorizadas a laborar por su cuenta.

José abrió su "paladar" en 1995. Tenía ganancias mensuales de alrededor de 1,250 dólares y pagaba un impuesto de 150 USD. Hoy confiesa a The Miami Herald que tuvo que cerrar porque llegó a pagar al Estado 850 USD en concepto impositivo. Cada visita de control de Salud Pública significaba un desembolso de 100 dólares para sobornar al funcionario de turno, quien podía hacerle pagar una multa mucho más alta.

Las restricciones estatales han devuelto a la ilegalidad a miles de personas que ya saben lo que es trabajar para sí mismos, sin jefes, sin asambleas del "sindicato", sin reuniones del "núcleo", y encima, obteniendo ganancias. Todos siguen viviendo de algún negocio, ahora perseguido y calificado de ilegal. Los niveles insospechados de corrupción de los funcionarios e inspectores encargados de multarles y denunciarles, los salva, pues con las ganancias del negocio pueden sobornarles, doblándole el precario sueldo que les paga el Estado.