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Una ley 'noble y altruista'
REDACCIóN ENCUENTRO  

Un macabro titular de Granma ha confirmado lo que ya se sabía: se recrudece la cacería de aquellas personas que han burlado la ley y han conseguido comprar o vender su casa a una entidad ajena al Estado. El titular, en cuestión, anunciaba un "gardeo a presión a las ilegalidades de la vivienda", sobre todo de aquellas casas, más lujosas de la cuenta, que, según Granma, "nada tienen que ver con la política de la vivienda de Cuba".

Viviendas
La Habana

El presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Mario Cabello, aseguró al diario oficial que, a partir de ahora, las direcciones municipales de la vivienda tienen potestad para confiscar una propiedad si se comprueba que en su adquisición hay irregularidades legales o que los materiales con que fue construida no se compraron de modo legal. El endurecimiento de la ley alcanza también a las permutas cuando resultan sospechosas, o sea, cuando se intercambia una mansión por una casa más modesta, y las "reparaciones no autorizadas".

No obstante, el funcionario asegura que la legislación es "la más noble, altruista y humana que se ha concebido en el mundo" y que, antes de tomar cualquier decisión, se intentará evitar "conflictos traumáticos".

El Ministerio de Justicia trabaja a todo tren en la confección de un Registro de la Propiedad de la Vivienda, que permitirá controlarlo todo mucho mejor y, por tanto, detectar cualquier "anormalidad" y expropiar rápidamente a los violadores de la ley. Para este registro se tendrán en cuenta tanto "los informes oficiales como los comentarios de la gente de la calle". Según Granma, el 83% de las compra-venta ilegales se han conocido por denuncias de la población. O sea, que estamos ante un nuevo caso de cacería de brujas con la cooperación cederista.

Sin embargo, todos saben que dichas ilegalidades son posibles gracias a la colaboración muy bien remunerada y sobornada, por cierto, de los notarios y otros funcionarios del propio Instituto de la Vivienda, que promulga esta estricta ley, y que han firmado un Código de Ética, incompatible del todo con su salario, que no les permite vivir honestamente de su trabajo.


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