Con una población que supera los diez millones de habitantes, la década de los ochenta se inaugura con una situación realmente crítica en cuanto el problema habitacional en Cuba. Al déficit de un millón de viviendas, que según cálculos de la época existía en 1959, se sumaron varios cientos de miles dejadas de construir desde esa fecha hasta 1980, sin contar las declaradas en mal estado.

La Habana

La creciente insuficiencia habitacional –en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral de una parte considerable de la ciudadanía se subordinó a la sobrevivencia– se reflejó en el aumento de las actividades subterráneas, sobre todo en ocupaciones y construcciones no autorizadas.

La respuesta estatal ante tales hechos fue la promulgación continuada de leyes, regulaciones complementarias y otras medidas dirigidas más a controlar el desorden que a aumentar el ritmo de las construcciones.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48, denominada "Ley General de la Vivienda", mediante la cual se autorizó la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos, y se legalizaron aquellas situaciones que no habían tenido solución jurídica, generando como propietarios a varias decenas de miles de familias, pero sin que el problema esencial quedara resuelto.

El ritmo de las construcciones no logró dar el esperado salto. Las razones que condujeron a la promulgación de la Ley 48 continuaron provocando un crecimiento incontrolado de ilegalidades de tal magnitud que la Asamblea Nacional del Poder Popular, a sólo 4 años de promulgada la anterior, aprobó la Ley 65, una segunda "Ley General de la Vivienda" encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para "propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda.

El efecto negativo que provocó la caída del Muro de Berlín para la economía cubana añadió nuevos obstáculos: la escasez de materiales de construcción y la paralización del movimiento de Microbrigadas, fuerza principal en la construcción de viviendas. Efecto que se reflejó en el aumento descontrolado de construcciones, compraventas y alquileres al margen de la ley.