Desde que abandonó los refugios que ofrecía la naturaleza, la construcción y conservación de la vivienda se erigió en una de las necesidades más determinantes para el ser humano. Desde ese momento la casa ha sido, es y seguirá siendo por mucho tiempo, uno de los problemas de mayor preocupación para las familias, la sociedad civil, los Estados y los Gobiernos. La vivienda ocupa un lugar privilegiado por su función en el disfrute, la educación y la estabilidad familiar y social.

Esa importancia la comprendieron y expresaron sabiamente desde el siglo XXI: "no se puede tratar con la gente y sus viviendas por separado".

En Cuba su satisfacción siempre fue precaria. El ritmo de crecimiento de la población sobrepasaba con creces la oferta de habitáculos. Un trabajo realizado por el Centro de Estudios y Control del Desarrollo de la Vivienda afirma que en enero de 1959 –cuando los habitantes de la Isla eran algo más de 6 millones– "el déficit estimado para todo el país ascendía a un millón de viviendas aproximadamente".

La revolución de 1959, anunciadora del fin de todos los males, encontró esa necesidad entre los problemas irresueltos y la colocó, desde el primer momento, dentro de los proyectos priorizados.

En enero de 1959 se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear los fondos de la Lotería Nacional en la solución del mal. El 6 de marzo Fidel Castro planteó eximir de impuestos durante diez años a "todo el que construya una casa para vivirla él". Cuatro días después se dictaba la Ley sobre la Rebaja de Alquileres para favorecer a los sectores de menores ingresos y en abril se aprobaba la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos.

Posteriormente, en 1960, se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana donde se reconocía la "posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano". Esa ley planteaba la solución del problema en tres etapas: la amortización del precio de la vivienda con la renta, la construcción de viviendas por el Estado para entregar en usufructo mediante pagos que no excedieran el 10% del salario, y la construcción con recursos estatales para ceder viviendas en usufructo gratuito a cada familia.