Mientras Bush reafirmaba en Madrid su voluntad de mantener el embargo a Cuba, un grupo de liberales y representantes de los estados agrícolas, presentó en el Congreso nuevas facilidades para vender alimentos y medicinas a la Isla, a pesar de que esa tímida apertura del año pasado (incluyendo restricciones al financiamiento y los viajes a la Isla) no fue aceptada por el Gobierno de La Habana.

Bush y Aznar: Dos perfiles no siempre coincidentes

Bridges to the Cuban People (Puentes con el pueblo de Cuba) se denomina la ley redactada por el senador demócrata por Connecticut, Christopher Dodd, con catorce copatrocinadores, que incluyen a tres senadores republicanos. Otro proyecto de ley colateral, esta vez con unos 80 copatrocinadores, fue presentado por el demócrata del Bronx, José Serrano y el republicano por Iowa, Jim Leach. Dodd, aprovechando su jurisdicción en los temas legislativos relacionados con Cuba, como presidente del subcomité del Hemisferio Occidental, perteneciente al Comité de Relaciones Exteriores, y el dominio de los demócratas en el senado, propone eliminar restricciones sobre viajes y ventas de alimentos. Le apoyan en el ablandamiento del embargo, tanto Tom Daschle, líder de la mayoría, como el presidente del Comité de Agricultura, Tom Harkin.

Por su parte, George Bush eludió dar por sentado en Madrid que se prorrogará de nuevo, el 17 de julio, el Título III de la Ley Helms-Burton, que establece sanciones extraterritoriales a las empresas que operen en Cuba, especialmente si ocupan instalaciones de antiguos propietarios norteamericanos. Ello afectaría a numerosas empresas europeas, canadienses, japonesas y mexicanas, y especialmente a las empresas españolas, primer socio comercial de Cuba en la Unión Europea.

Al respecto, Bush concedió, en referencia a la cadena hotelera Sol-Meliá: "Me doy cuenta de que hay un problema que afecta a una empresa española y trabajaremos para resolverlo", pero reafirmó que "tenemos previsto mantener el embargo sobre Cuba hasta que Fidel Castro libere a los presos, organice elecciones y abrace la libertad". Abrazo improbable.

Una postura que ya parece parte de las tradiciones presidenciales norteamericanas, a pesar de su ineficacia demostrada a lo largo de cuatro décadas. Si el propósito del embargo ha sido presionar al señor Fidel Castro a una apertura democrática o al menos a la instauración de una economía de mercado (cosa que ha bastado en el caso de China para mantener buenas relaciones), el resultado es bien visible. La "amistad indestructible" con la Unión Soviética, consignada incluso en la Constitución de 1976, caso único, que yo recuerde, de un país citando a otro en su carta magna, permitió paliar durante treinta años los efectos del embargo. La cautelosa apertura al capital extranjero después, la dolarización y la copiosa ayuda familiar aportada por el exilio, han sido las tablas de salvación desde inicios de los 90. ¿No existe el tal embargo y por tanto no hay razón para que se derogue, como argumentan contradictoriamente algunos? Sí, existe, y encarece el comercio nacional al privarlo de su mercado más cercano, cierra puertas a sus exportaciones e impide la llegada del tradicional turismo procedente de Estados Unidos. Su efecto ha sido calculado por La Habana en 40.000 millones de dólares. Cifra mínima en el balance de estos cuarenta años, y que denuncia a la nefasta política económica insular como el primer causante de su bancarrota: uno de los primeros países del continente, convertido en uno de los últimos, lo que explica por qué el país que recibió un millón de inmigrantes en la primera mitad de siglo, vio huir a dos millones en la segunda mitad.