Viernes, 24 enero 2003 Año IV. Edición 541 IMAGENES PORTADA
Economía
Una nueva camisa de fuerza para las cooperativas agrícolas

por OSCAR ESPINOSA CHEPE, La Habana Parte 2 / 2

En Cuba, la empresa estatal intermediaria, Acopio, no funciona adecuadamente. Deja de recoger los productos a muchos campesinos y cuando lo hace ofrece precios muy bajos, se atrasa en los pagos, etcétera. Estos problemas se han reconocido en muchas ocasiones, incluida la reciente sesión de la Asamblea Nacional, donde el Sr. Lugo citó ejemplos al respecto. Por el contrario, los intermediarios particulares se caracterizan por su diligencia y flexibilidad ante los cambios de mercado, pagan rápidamente lo comprado y cuidan la calidad, pues no están sujetos a las complicadas normas burocráticas de la empresa acopiadora.

Por otra parte, a la ANAP se le confieren mayores poderes que los contemplados en la antigua ley, según la información brindada en la prensa, pues aún no se conoce el texto de la ley aprobada, cuya publicación en la Gaceta Oficial habrá que esperar.

De las discusiones sostenidas en las cooperativas, previas a esta reunión, se supo que existía una propuesta facultando a la ANAP para que en determinadas condiciones pudiera iniciar el proceso de revocación del presidente u otros miembros de la junta directiva de las cooperativas, aun cuando la asamblea general de esas entidades no tomara dicha iniciativa. Asimismo, se designa a esa organización para representar "...los intereses de los agricultores pequeños y cooperativistas (...) para lo cual la presente ley y sus regulaciones complementarias le señalen atribuciones específicas".

El establecimiento de la ANAP como mediadora en los conflictos entre los cooperativistas y las direcciones de la CPA y las CCS, y entre éstas y otras entidades nacionales, según se recalcó en la reciente sesión del parlamento, le confiere a esta correa transmisora del Estado totalitario un poder extraordinario en relación con lo establecido por la ley anterior.

Respecto a las cooperativas agropecuarias, la ley obliga a crear una reserva para cubrir contingencias. Es decir, un fondo obligatorio que deben mantener a partir de sus utilidades, cuyo monto debe estar en relación directa al valor de su patrimonio, el cual se destinará exclusivamente a solventar situaciones económicas difíciles, debidas a catástrofes naturales u otras causas no cubiertas por el seguro. Además, quedó autorizado que las cooperativas puedan repartir hasta el 70,0% de las utilidades. Ambas cuestiones hasta el momento resultan muy difíciles de materializar: gran parte de las cooperativas trabajan con pérdidas, lo cual ha ocasionado la desaparición de muchas de ellas.

En los años 80, las CPA llegaron a 1400, con alrededor de un millón de hectáreas. Actualmente existen 1116, con unas 700.000 hectáreas, lo cual denota el declive de unas organizaciones basadas en la unión de las tierras y los recursos de los agricultores miembros.

Hay 2390 Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), constituidas por 188.109 agricultores pequeños —propietarios o usufructuarios de tierras— y sus familiares, según cifras brindadas por el Parlamento. Las CCS poseen el 11,7% de la superficie agrícola, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba, de 2000.

La nueva ley de cooperativas es otra camisa de fuerza para el campesinado cubano y, de aplicarse los conceptos vertidos en la sesión de la Asamblea Nacional, las consecuencias serán desastrosas para la producción agropecuaria y el nivel de vida de los cubanos.

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