| Una nueva camisa de fuerza para las cooperativas agrícolas |
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| por OSCAR ESPINOSA CHEPE, La Habana |
Parte 1 / 2 |
Una nueva Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Créditos y Servicios (CCS) fue aprobada el pasado 2 de noviembre, en el IX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en sustitución de la ley promulgada en julio de 1982.
Cuando hace un año se anunció el nuevo proyecto legal, muchos pensaron que se trataba de la introducción de reformas para la ampliación de las prerrogativas de los cooperativistas. Sin embargo, de la información brindada a la opinión pública nacional sobre las discusiones realizadas en la sesión de la Asamblea Nacional se desprende que en realidad se trata de un nuevo instrumento para reforzar el control totalitario sobre este segmento de los productores agrícolas, dar mayor control a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y eliminar la posibilidad de creación de cooperativas independientes.
Si alguna duda podía haber al respecto, el presidente de la ANAP, Orlando Lugo Fonte, se encargó de aclararla cuando refiriéndose a la contratación dijo que no debe dejarse margen para que los campesinos particulares puedan vender sus producciones a otros compradores que no sean del Estado. Al realizar un fuerte ataque a los intermediarios particulares, los culpó de los altos precios de los productos agrícolas vendidos al consumidor.
Con esta ley se procura crear mecanismos de acopio en las CCS que dejen pocas posibilidades a los campesinos de llevar sus productos a otros mercados que no sean los estatales.
Por supuesto, el presidente de la ANAP no tocó el problema esencial que provoca las alzas de precios, o sea, la escasez de estos artículos en el mercado debido a la poca producción existente, de lo cual el principal responsable es el Estado. Éste actualmente administra, directamente, más del 75% de las tierras cultivables del país, y no sólo ha destruido la producción cañera y la ganadera, sino que ha sido incapaz de hacer avanzar otros cultivos.
Asimismo, se pretende ignorar la falta de insumos para la producción y de artículos esenciales de consumo personal para los cooperativistas y sus familias, debido a que el Estado no les garantiza su adquisición. Para comprarlos tienen que pagar precios exorbitantes y en muchos casos obtener la divisa, pues muchos se venden en las tiendas de esa moneda.
Adicionalmente, se deja de mencionar el enorme crecimiento de la liquidez monetaria en manos de la población, la cual ya a finales de 2001 sobrepasaba los niveles considerados alarmantes a mediados de los años 90, problema que se ha ido incrementando en el transcurso de 2002.
De lo anterior se desprende que no son los intermediarios los causantes de los altos precios de los productos agrícolas en el mercado, sino los factores objetivos responsabilidad de las políticas económicas erróneas desarrolladas por el Gobierno.
En cualquier parte del mundo existen personas dedicadas a la comercialización de la producción agrícola, precisamente para que los agricultores puedan dedicar todos sus esfuerzos a desarrollar sus cultivos y la crianza de los animales.
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