| Una vocación democrática inesperada |
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| Resulta ridículo exigir a otros lo que no se practica en la propia casa |
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| por OSCAR ESPINOSA CHEPE |
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El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se ha convertido en una verdadera obsesión para el régimen de La Habana. Desde la prensa escrita, la radio y la televisión, se promueve una incesante campaña de ataques contra ese proyecto de integración continental, que tiene por objetivo concluir las negociaciones en enero del 2005 y comenzar a edificar el mercado común mayor del planeta, con un potencial de 800 millones de consumidores.
La preocupación del Gobierno posee sobrados fundamentos. A causa de su conducta totalitaria, ha quedado excluido de un proceso en el que participan todas las naciones del área, desde Alaska hasta la Patagonia. Incluso, varias dan pasos muy firmes para adelantarse al calendario acordado en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Québec, Canadá, en abril pasado.
Aunque la declaración final, el plan de acción y otros documentos adoptados en la mencionada cumbre fueron publicados y difundidos extensamente, entre los argumentos más ampliamente utilizados para tratar de desacreditar al ALCA se encuentra la acusación de que las negociaciones se están llevando a cabo sin la debida transparencia y a espalda de los pueblos. Con ese propósito, han propuesto la celebración de plebiscitos en los diferentes países sobre la aceptación del proyecto.
Sorprende la repentina e inesperada vocación democrática de quienes, por más de cuarenta años, han sometido al pueblo cubano a una férrea dictadura y conculcado sus derechos. En los años setenta, Cuba fue integrada al CAME, asociación creada en 1949 por los países de Europa del Este y la URSS, en el contexto de la guerra fría, estableciendo compromisos con una zona sumamente distante geográfica y culturalmente. Sin embargo, jamás hubo una discusión pública sobre la conveniencia de dar un paso de tanta envergadura y, mucho menos, se promovió una consulta popular para avalar tal decisión.
Con la caída del bloque soviético y la pérdida de las cuantiosas subvenciones, se adoptó una política de permitir las inversiones extranjeras. Así, actividades estratégicas para la nación como la producción de níquel, la prospección y extracción de petróleo, las comunicaciones telefónicas, la generación de energía eléctrica y el turismo, están efectuándose en el marco de negocios con capital extranjero, sin mediar consulta alguna con el pueblo cubano.
Hace aproximadamente un año, se suscribió un nuevo convenio para la comercialización en el exterior de los habanos, de modo tal que legendarias marcas como Montecristo, Partagás o Cohíba estarán en un alto por ciento en manos de intereses foráneos. La nueva corporación se creó mediante la venta del 50 por ciento de las acciones de Habanos S.A., por quinientos millones de dólares, a la entidad hispano francesa Altadis, que durante cincuenta años los comercializará. Todo esto se hizo sin brindarle información a la opinión pública nacional.
Muchos ejemplos más pudieran señalarse acerca de decisiones tomadas en Cuba sin consultar a la población, lo que contradice el repentino reclamo de pluralismo a otras naciones.
La idea del plebiscito pudiera ser aceptable si el Gobierno diera el primer paso y convocara a una consulta popular, previo debate amplio y profundo sobre el ALCA, donde no sólo se escuchen las voces oficiales sino también otras opiniones que señalen las nefastas consecuencias que tendrá para el país quedar al margen de este trascendental proceso integrador, entre ellas las desventajas que surgirán al quedar virtualmente anuladas sus posibilidades de exportar a la región.
Hasta que esto no suceda, resulta ridículo exigir democracia a otros cuando se es incapaz de brindarla a sus propios ciudadanos.
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